BUFADORA

Aunque los dirigentes magisteriales habían llegado a un acuerdo con la nueva administración estatal para regularizar los pagos a docentes en activo y jubilados, debido a que a estos últimos no les habían depositado hasta la tarde de ayer, sus representantes anunciaron este viernes a temprana hora se volverán a plantar a la entrada de las sedes de Gobierno del Estado en los cinco municipios, para demandar que se cubran sus prestaciones en tiempo y forma.

Aunque es un derecho disentir y protestar, la solución al problema de pagos a los profesores requiere de acciones de mayor alcance, porque cada catorcena se vuelve una pesadilla para los gobiernos estatales y municipales de casi todo el país, porque si bien, es verdad que las autoridades de ambos niveles son muy malos recaudadores, el fondo de pensiones para la burocracia y el magisterio ya se agotó, prueba de ello son las deudas multimillonarias de los Ayuntamientos de Baja California con el Issstecali.

Una alternativa factible es que la federación permita que esta entidad fronteriza vuelva a ser zona libre, que se transforme en un paraíso fiscal donde se permita la instalación de nuevas empresas, a las cuales no se les cobren impuestos durante un periodo razonable para que aumenten los empleos, y que un porcentaje de los ingresos que recibe la Administración Portuaria Integral de Ensenada se etiquete para respaldar las finanzas del Ayuntamiento de Ensenada y paraestatales como la Cespe para que sea más eficiente el suministro de agua. A grandes problemas, grandes soluciones… ¿O de dónde va a salir el dinero?

Perdonarían multas a partidos
Los diputados analizan una propuesta para perdonar las multas a los partidos políticos, a cambio de que acepten la reducción de 50 por ciento del financiamiento público.

En un borrador que circuló el miércoles pasado entre las bancadas sobre las reservas que se presentarían al dictamen de reforma constitucional, se agregaban propuestas que ha impulsado el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en sus negociaciones con Morena.

Los grupos del Partido del Trabajo y PVEM votaron en contra de la aprobación del dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales, debido al impacto que tendrían en sus prerrogativas, pues quedarían en 200 millones de pesos, en promedio.

Sin el voto de esos partidos, Morena no alcanza la mayoría calificada que requiere toda reforma constitucional.

Una de las modificaciones que se pretende es la “condonación” de multas existentes a los partidos.

“Las sanciones impuestas a los partidos políticos antes de la entrada en vigor del presente decreto quedarán sin efecto”, cita la redacción que se propone la reserva que conocieron los grupos parlamentarios.

En el texto también se propone derogar la obligación de los partidos de tener estructura orgánica, conforme a lo establecido en el artículo 43, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, lo que es la creación de órganos colegiados como comités directivos y asambleas.

Se propone también anular la obligación de crear padrón de militantes, de conformidad con el artículo 94, numeral 1, inciso d) de la misma Ley.

El dictamen estaba enlistado para su discusión en la sesión del miércoles, pero el desencuentro que hubo en la discusión de la Ley de Instituciones de Crédito, que da facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera de iniciar los procesos de extinción de dominio, atrasó su debate.

Al cierre de la edición, la sesión no se había reanudado y no estaba claro si seguiría la discusión del dictamen de financiamiento de partidos.

La reforma aprobada consiste en reducir a la mitad, de 65 a 32.5, el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización con que se calculan el monto de prerrogativas a los partidos.

Solo las fracciones Morena y el Partido Encuentro Social (partido sin registro), apoyan la propuesta en esos términos.

“El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 32.5 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

“El 30 por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos en forma igualitaria y el 70 por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior”, cita la reforma.

Consejeros del INE calificaron como escandaloso y grotesco perdonar multas a los partidos y advirtieron que reducir las prerrogativas abre la puerta al dinero ilegal.

“Es francamente grotesco que por la vía de una modificación constitucional se eliminen las multas. No me parece ético, no me parece decente”, indicó Marco Baños.

Ciro Murayama insistió en que reducir el financiamiento público vuelve a los partidos dependientes de grupos de poder económico.

“De sanciones de los años previos deben 533 millones de pesos, que se les impusieron por recibir financiamiento ilegal, por no acreditar a dónde fue el dinero público que recibieron, y ahora se quieren indultar desde el poder político”, recriminó.