EL SOPOR DEL BUITRE

El gobernante “niponés”

Por Gerardo Sánchez García*
viernes, 8 de noviembre de 2019 · 00:00

Hubo una vez un gobernante de ascendencia nipona que gobernó la Ensenada de Todos los Santos Inocentes y cuyo periodo fue calificado como el más catastrófico de la historia reciente -¡ya ni con Pelayo!- de lo que era ese idílico y hasta hace unos meses apacible sitio.

Al término de su gobierno, tal mandatario municipal fue acusado de desvío de recursos y abuso de poder junto con su Ministro de Hacienda, mismo quien mal se encargó del erario.

Al estar ante el juez, al acudir a una audiencia, el magistrado les preguntó a ambos si querían que sus nombres se hicieran públicos, a lo que los dos -personajes públicos muy conocidos- dijeron que no, como si con ello pudiera contenerse el desprestigio que ya arrastraban.

Adusto y severo el juez -y en irrestricto apego a la ley- advirtió a periodistas ahí presentes que debía omitirse nombre, domicilio, descripción física, apodos, ubicación de tatuajes, semblanzas biográficas y/o cualquier dato sensible que permitiera la identificación de los imputados. Se podría hablar del pecado, más no de los pecadores.

Lo bueno es que eso ocurrió en un lugar muy lejano -casi imaginario-, un país en donde la justicia puede parecer muy injusta, la impunidad gubernamental muy cotidiana y burlarse de la ley con marrullerías jurídicas, cosa de todos los días.

Huachiculeros
¿Dónde están los miles de metros cúbicos de agua que no llegan a Ensenada procedentes del Río Colorado?, ¿los están sustrayendo y facturando la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana?, ¿se puede calificar como delito de huachicoleo hidráulico esa situación?, ¿nos están huachicoleando los tijuanenses un recurso tan escaso?, ¿y el dinero que debió generar la venta o facturación de esa agua?. Estas preguntas deberán tener respuesta hoy, según anunció el nuevo director de la Cespe, Marcelino Márquez Wong.

El titular de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada anunció que hoy en Tijuana buscará que le aclaren dos interrogantes: dónde está esa agua o dónde está el dinero generado por ese recurso hídrico.

Sería doblemente criminal que existiendo escasez de agua en Ensenada y estando la Cespe en la agonía financiera, el vital líquido nos fuera robado y vendido por presuntos huachiculeros, perdón, huachicoleros de Tijuana.

Lluvia de recursos
Hasta ayer extraoficialmente se informaba que al Congreso del Estado han llegado más de 25 recursos interpuestos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra de la ampliación del mandato de Jaime Bonilla Valdez.

Algunos de estos recursos fueron presentados por partidos políticos, instituciones gubernamentales y otros por ciudadanos que consideran que se violentaron sus derechos electorales al pasar dicho periodo de dos a cinco años.

También se informó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya requirió información a los actuales congresistas bajacalifornianos sobre la polémica y despectivamente llamada Ley Bonilla.

Reducción fondos partidos políticos
La posible reducción planteada en la Cámara Federal de Diputados de los recursos que se otorgan a los partidos políticos ha generado diversos comentarios a favor y en contra.

Sin embargo, un tema que no se ha revisado en esta polémica es el relativo a las reglas o normatividad con que deben aplicarse esos fondos.

Si continúan dando el cien por ciento o reducen a la mitad los apoyos partidistas, sin que exista un control real y efectivo, así como se mantenga la NO aplicación de sanciones personales a los responsables directos, el mal manejo persistirá.

Por ejemplo, si hay un desvío de los fondos partidistas, se multa al partido político y no al responsable directo de esa malversación. La sanción se paga de los propios fondos públicos, luego de que el dirigente partidista ya se enriqueció y se llenó los bolsillos.

Por ello se trata no sólo de reducir, sino de que el gasto que haga una organización partidista sea con el control tan estricto -o más- que una dependencia pública.

Que ese recurso sirva realmente para promover la democracia y participación política y no para beneficio de unos cuantos bribones.

No busco una relación seria, me gusta reír mucho.

(Simplicio)

*El autor es periodista y atlantista

elsopordelbuitre@hotmail.com
 

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