LA BUFADORA

BUFADORA

Por El Mosquito
sábado, 9 de noviembre de 2019 · 00:00

El plantón de burócratas jubilados en la sede de los centros de Gobierno del Estado en cada municipio de Baja California, confirma que la paciencia de este gremio se agotó, porque si bien aceptaron retirarse y liberar la entrada a las oficinas antes de las tres de la tarde de este viernes, dejaron claro que no aceptarán más abonos; ellos quieren pago completo de aquí en adelante, y tampoco aprueban de que los dejen al último, pues ellos, recalcaron, ya cumplieron una vida laboral a diferencia de los activos.

Durante la protesta los jubilados no ocultaron su temor por volver a pasar otra triste Navidad como la del año pasado, cuando sus prestaciones económicas se retrasaron, como también ocurrió con el magisterio y el resto de la burocracia sindicalizada, situación que se reflejó en un descenso en la actividad económica, al disminuir el consumo de bienes y servicios por la falta de circulante.

Sin embargo, la realidad es que el gobierno entrante y los ayuntamientos de la entidad recibieron las arcas vacías, algo que ya sabían desde mucho antes de que comenzaran las campañas políticas, porque fue precisamente a finales de 2018 cuando el entonces mandatario estatal, Francisco Vega de Lamadrid, dio a conocer que no contaba con suficientes recursos para cubrir salarios y aguinaldos en el mes de diciembre, que a la postre significó el desmoronamiento de su imagen, que ya se había deteriorado por la fallida ley del agua y la poco transparente licitación de las plantas desaladoras.

Por tanto, el gobernador Jaime Bonilla Valdez tiene que acelerar sus gestiones con el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, porque burócratas, profesores y jubilados quieren su dinero sí o sí, y no están dispuestos a otorgar más plazos. Lo preocupante es que tal problemática la padecen la mayoría de los estados del país y la cobija financiera no alcanza para todos, y menos si la intensidad de las manifestaciones aumenta y a la par impiden que operen las cajas de recaudación de la administración estatal.

En lo que toca a Ensenada, el delegado de Gobierno del Estado, Joaquín Bolio, tendrá que tejer muy fino para evitar que los reclamos se radicalicen, y además deberá lidiar con los detractores externos de la 4T y el fuego amigo, una tarea nada fácil.

El gran problema es que no alcanza la operación ante un boquete financiero gigantesco, y menos con tantas personas extendiendo la mano, porque lo que se necesita son miles de millones de pesos.

Sí hay soluciones
Resolver tantas broncas financieras en un periodo tan corto de tiempo, y en fechas tan sensibles como las celebraciones de Navidad y año nuevo, podrán atajarse con créditos bancarios emergentes, si es que los autorizan, pero eso significa elevar la deuda pública; entonces lo que se necesita es incrementar la recaudación, y no estaría mal que al menos un porcentaje de lo que captan las casetas de peaje se quede en el estado, así como los impuestos que se generan en la Aduana Marítima de Ensenada, y ya con la aviada establecer un régimen fiscal especial para la franja fronteriza norte del país, no decretos, sino una ley. Por tal motivo insistimos en una zona libre de verdad, de lo contrario todos los que trabajan en el gobierno se comerán entre ellos y afectarán al resto de la sociedad.

Estatuto territorial
Los que siguen a marchas forzadas para tener el Estatuto Territorial de Baja California, son los diputados locales, quienes ayer tuvieron la quinta sesión de las Comisiones Unidas de Fortalecimiento Municipal, Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales y la de Justicia.

En dicha junta se anunció que la siguiente fase de estas reuniones de trabajo, será la presentación del proyecto de dictamen de Estatuto Territorial.

La reunión estuvo encabezada por la diputada Miriam Elizabeth Cano Núñez, presidenta de Fortalecimiento Municipal, en colaboración con el presidente de la comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, diputado Juan Manuel Molina García y el titular de la Comisión de Justicia, diputado Víctor Manuel Morán Hernández.

Miriam Cano mencionó que las divisiones se harán con todo cuidado para respetar tanto el beneficio de los ciudadanos y sin partir ejidos, cuando sea el caso.

Ya los expertos en el tema aseguraron que el Congreso local debería de solicitar a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación una prórroga de seis meses más, para tener el tiempo holgado y poder realizar con mucho detalle este reordenamiento, porque se podría caer en imprecisiones y errores muy costosos.

Cabe recordar que la fecha límite impuesta por la SCJN para entregar el Estatuto Territorial es el 30 de noviembre, ahí que se debería de solicitar ese alargamiento de tiempo, sin embargo, los diputados no escuchan.
 

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