El financiamiento rural

El crédito en México había venido acompañando a los productores rurales, particularmente a los ejidatarios y comuneros, desde la época del presidente Lázaro Cárdenas. El Banco ejidal y el Banco de crédito rural, dos instituciones dedicadas a las micro finanzas, para apoyar el desarrollo del campo mexicano.

La intención de origen fue positiva, lograr emancipar a los productores rurales, mediante los microcréditos otorgados por la banca de desarrollo, propiedad del gobierno federal, a fin de que en algún momento pudieran trasladarse a la banca comercial.

Estas instituciones funcionaron, aunque el BANJIDAL dejó de operar a principios de los años setenta, para quedar solamente el BANRURAL, hasta mil novecientos noventa y dos, fecha en que se promulgó la ley agraria vigente. En realidad esta institución permanece hasta la actualidad, sin embargo, desde hace veintisiete años dejó de otorgar créditos a los campesinos, en los términos que se hacía hasta antes de la creación de la actual ley agraria, en la que el régimen ejidal se renovó.

El financiamiento que otorgaban estas entidades bancarias, era sin aval, ni garantía. La forma de dispersión del crédito iniciaba con una asamblea ejidal denominada “De balance y programación”; en ella, se informaban los resultados de los créditos ejercidos en el ciclo inmediato anterior, por el ejido, se analizaban y discutían y en función de las conclusiones se decidían las líneas de crédito que se solicitarían, para qué proyectos y quienes participarían.

Democratizar las decisiones para el ejercicio de los financiamientos, al interior de la máxima autoridad ejidal, que lo era (y sigue siendo) la asamblea de ejidatarios, era una forma correcta de recibir y aplicar el crédito, con lo cual se intentaba asegurar el cumplimiento de los compromisos de pago y poder solicitar nuevos financiamientos.

Esto en teoría permitiría paulatinamente incrementar el nivel de bienestar de los sujetos de crédito y sus familias, hasta llegar al punto que por su clasificación empresarial, debieran ser atendidos por la banca comercial. El diseño fue correcto, sin embargo, la ejecución desvirtuó la intención y acabó con la bondadosa banca de desarrollo. La corrupción impidió concretar el propósito.

Los inspectores del BANRURAL, participaban en las asambleas de balance y programación, como representantes de la banca y daban acompañamiento al trámite, hasta la obtención del financiamiento. En ese momento, pedían un porcentaje del monto recibido, ofreciendo acordar con el inspector de la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera (ANAGSA), para que emitiera un dictamen de siniestro total en la siembra agrícola o en el ganado, generalmente vacuno, para que esa institución, también propiedad del gobierno federal, mediante la indemnización, realizara el pago total del crédito, con lo cual los beneficiarios quedaban en aptitud de volver a solicitar financiamiento. Desde luego que al inspector de la aseguradora, también se le participaba de un porcentaje del dinero recibido vía financiamiento y no pagado.

Lo anterior se convirtió en un círculo vicioso, que finalmente acabó con la banca de desarrollo para el sector ejidal. Con la nueva ley agraria (1992), se eliminaron las asambleas de balance y programación y los criterios para el otorgamiento del crédito cambiaron, desapareció también la ANAGSA y el banco desde entonces, pide garantías para el otorgamiento del crédito, lo que no ocurría antes.

El artículo sexto de la ley agraria, inicia diciendo: … “Las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal buscarán establecer las condiciones para canalizar recursos de inversión y crediticios que permitan la capitalización del campo”…, sin embargo, en la realidad no se ha logrado restablecer la participación que tenía el gobierno en el otorgamiento del microcrédito. Sea el gobierno o los particulares quienes otorguen este tipo de financiamiento para el sector rural de bajos ingresos, resulta importante el diseño en forma solidaria que debe darse.

La participación de los grupos en la supervisión del crédito, no solamente ayuda al cumplimiento en los pagos, sino que contribuye al éxito productivo del micro negocio en sí mismo. El modelo de finanzas solidarias es lo que debe acompañar a los productores de ingresos reducidos del campo mexicano.

*El autor es jurista especializado en derecho agrario y ambientalista

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