LA VERDAD SEA DICHA
Los migrantes centro americanos
Por Guillermo Hurtado Aviña
Mucho se ha hablado de los migrantes que han viajado desde el Sureste al Noroeste de nuestro país, los cuales han entrado a México con una facilidad increíble, pero no se ha analizado ni medianamente su situación, lo que desconcierta a no pocos mexicanos, especialmente a los bajacalifornianos, que no saben ni qué onda.
Por eso creo conveniente dar a conocer algunas consideraciones, con la esperanza de que sirvan para entenderle un poco a este peliagudo asunto.
Los derechos humanos son inherentes a todas las personas, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición, es decir, todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna.
Son garantías jurídicas universales que protegen a individuos y grupos contra acciones que interfieran en sus libertades fundamentales y en la dignidad humana.
De las treinta garantías contempladas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, destaco el siguiente:
DERECHO DE ASILO.- Todo ser humano puede solicitar asilo y a disfrutar del mismo en caso de sufrir una persecución. No se aplicará el derecho si existe una resolución judicial por delitos cometidos.
El párrafo tercero del artículo primero constitucional, señala que todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, PROTEGER y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
En este caso, el ámbito de competencia recae en el Instituto Nacional de Migración, que depende de la Secretaría de Gobernación, pues dicho Instituto es quien debe aplicar la Ley de Migración, y no lo ha hecho, tan cierto es que no ha dictado la medida mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal de un extranjero, que no acredita su situación migratoria para la regulación de su estancia o asistencia para el retorno.
El Instituto Nacional de Migración tampoco se ha hecho cargo, como es su obligación, de la instalación física que debe establecer el Instituto para alojar temporalmente a los extranjeros que no acrediten su situación migratoria regular, en tanto resuelve su situación migratoria.
La Secretaría de Gobernación es quien formula y dirige la política migratoria del país, y es parte de su obligación suspender o prohibir el ingreso de extranjeros, en términos de la Ley de Migración y su Reglamento.
Tijuana, principalmente, es la que tiene que soportar la carga injusta que estas caravanas representan, no obstante que ninguno de los migrantes ha probado las condiciones extremas en su país de origen, que pongan en riesgo su vida o su convivencia, de acuerdo con la tradición mexicana en ese sentido, los Tratados y el derecho internacional.
Pero si bien es cierto que las autoridades deben proteger al migrante, vale la pena preguntarse hasta dónde y hasta cuándo, porque una cosa es PROTEGER, que significa ayudar, y otra cosa es MANTENER que quiere decir alimentar y dar hospedaje.
Por eso creo conveniente dar a conocer algunas consideraciones, con la esperanza de que sirvan para entenderle un poco a este peliagudo asunto.
Los derechos humanos son inherentes a todas las personas, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición, es decir, todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna.
Son garantías jurídicas universales que protegen a individuos y grupos contra acciones que interfieran en sus libertades fundamentales y en la dignidad humana.
De las treinta garantías contempladas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, destaco el siguiente:
DERECHO DE ASILO.- Todo ser humano puede solicitar asilo y a disfrutar del mismo en caso de sufrir una persecución. No se aplicará el derecho si existe una resolución judicial por delitos cometidos.
El párrafo tercero del artículo primero constitucional, señala que todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, PROTEGER y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
En este caso, el ámbito de competencia recae en el Instituto Nacional de Migración, que depende de la Secretaría de Gobernación, pues dicho Instituto es quien debe aplicar la Ley de Migración, y no lo ha hecho, tan cierto es que no ha dictado la medida mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal de un extranjero, que no acredita su situación migratoria para la regulación de su estancia o asistencia para el retorno.
El Instituto Nacional de Migración tampoco se ha hecho cargo, como es su obligación, de la instalación física que debe establecer el Instituto para alojar temporalmente a los extranjeros que no acrediten su situación migratoria regular, en tanto resuelve su situación migratoria.
La Secretaría de Gobernación es quien formula y dirige la política migratoria del país, y es parte de su obligación suspender o prohibir el ingreso de extranjeros, en términos de la Ley de Migración y su Reglamento.
Tijuana, principalmente, es la que tiene que soportar la carga injusta que estas caravanas representan, no obstante que ninguno de los migrantes ha probado las condiciones extremas en su país de origen, que pongan en riesgo su vida o su convivencia, de acuerdo con la tradición mexicana en ese sentido, los Tratados y el derecho internacional.
Pero si bien es cierto que las autoridades deben proteger al migrante, vale la pena preguntarse hasta dónde y hasta cuándo, porque una cosa es PROTEGER, que significa ayudar, y otra cosa es MANTENER que quiere decir alimentar y dar hospedaje.
...