Privilegiar el diálogo, no el pleito

Las diferencias entre representantes de la comunidad científica y el nuevo gobierno parecen haber encontrado buen cauce, aunque no faltan quienes no les satisface nada o solo le están buscando “chichis a las lagartijas”, como diría la diputada Tatiana Clouthier.

El gobierno, a través de Conacyt; y la comunidad científica, a través del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, acordaron efectuar conversatorios con la participación de legisladores y lo que en ellos ha quedado claro es que la comunidad científica rechaza la Ley de Ciencia que presentó al Congreso la diputada Ana Lilia Rivera.

En efecto, se trata de una Ley inconsulta con los principales actores de la importante actividad de entender, enfrentar y modificar (cuando es posible) los retos que nos impone la materia, la naturaleza, la vida. Si algo refleja el texto de esa ley es la carencia de un conocimiento de lo que es y hace la ciencia, y una cultura basada en la ciencia.

Como se expresó en los conversatorios, la ley vigente ha sido el resultado inacabado y perfectible del esfuerzo de la comunidad científica por construir una política científica de Estado durante los últimos 50 años, yo añadiría que se trató de avances a regañadientes de los gobernantes en ese medio siglo.

Lo he comentado en esta columna, los gobernantes “neoliberales” fueron alumnos muy disciplinados en desregular, minimizar y privatizar los bienes del Estado-Nación, pero la parte más importante de ese modelo la ignoraron de principio a fin: es una economía del conocimiento científico en busca de una sociedad del conocimiento; no solo no cumplieron con alcanzar por lo menos el 1% del Producto Interno Bruto de inversión en ciencia, sino que hasta disminuyó oscilando entre el 0.4 y el 0.5%.

Asimismo, a las Universidades (mayores y casi únicas productoras de conocimientos nuevos) las quisieron convertir primero en guarderías de jóvenes masificándolas, frente a su incapacidad de crear fuentes de trabajo cualificadas y bien remuneradas para ellos; pero al mismo tiempo bloquearon la creación de nuevas plazas académicas.

Lejos de resolver el problema de raíz, se inventaron un nuevo problema: las cátedras Conacyt, que no son plazas de las universidades y dejan en la incertidumbre a quienes las ocupan. La nueva directora de Conacyt inmediatamente, sin fundamentos consistentes, los calificó de estar colgados del presupuesto. Hoy ha dado marcha atrás en ese aspecto, lo cual debe reconocérsele, pero sigue siendo un trapito como remedio.

Por su parte, la comunidad científica y académica debería reconocer que el Sistema Nacional de Investigadores y el modelo de evaluación aceptado, incluyendo a las universidades, es un inventario que no privilegia la calidad de la investigación o el avance en la formación y conocimiento de los académicos en las universidades.

Queda mucho por construir, como una auténtica política científica de Estado con miras a largo plazo que no existe, que los científicos aprendan a participar en política abandonando sus nichos de confort sin necesidad de agraviarlos para que se muevan, y todos aprendamos a privilegiar el diálogo y no el pleito con insultos.

*Comunicación de la Ciencia UNAM-Ensenada

risita@dgdc.unam.mx