Les puede salir caro

Fue el regidor panista Jorge Camargo Villa, quien hace días afirmó que la licitación para otorgar la concesión para instalar parquímetros en la ciudad de Ensenada se hizo conforme a la ley, y quien afirme que hay irregularidades deberá comprobarlo, o séase, que el regidor independiente Cristian Vázquez podría no tener argumentos legales para tratar de echar abajo la concesión otorgada por el XII Ayuntamiento a Iberparking.

Si todo fue legal y existe ya un contrato firmado, el cual le permite a Iberparking instalar los parquímetros, echarlo abajo sin un sustento legal sólido, implicaría dos cosas. La primera es que el concesionario se podría defender como lo hizo en Tecate, si es que le cancelan de forma arbitraria el contrato de concesión derivado de la licitación que se hizo conforme a la ley. La segunda implicación, es la que tendría para Cristian Vázquez y ediles que lo acompañan en esto de cancelar ese contrato.

¿Se acuerdan lo que ocurrió hace más de 20 años cuando se cambió de sitio la planta de tratamiento que se ubica al sur de la mancha urbana, y que por ese detalle la Cespe fue demandada por la empresa que ganó la primera licitación, y a la cual se le pagó una millonada sin poner un solo ladrillo? Pues podría suceder lo mismo.

Porque por si no lo saben, están jugando con fuego, porque actos de autoridad sin un fuerte soporte legal son calificados como arbitrarios y sujetos de ser castigados por la Ley de Responsabilidades Administrativas en caso de que se le cause un daño patrimonial a las maltrechas finanzas municipales.

Mire usted estimado lector, la ley antes dicha considera una falta grave cuando un regidor abusa de sus funciones y con ello se vale para realizar actos arbitrarios que causen un perjuicio al servicio público; pero además, esas faltas prescriben hasta siete años después de haberse cometido. En español, quiere decir que si se cancela sin un argumento legal fuerte el contrato de los parquímetros y hay que pagarle dinero a Iberparking, los ediles que voten por eso cometen una falta grave que puede costarles caro, ya que el próximo Gobierno municipal podría demandarlos para que paguen por sus errores.

El castigo que pueden recibir los ediles que causen un daño al patrimonio municipal, podría ser una sanción económica tomando en cuenta el tamaño de los daños y perjuicios causados y pagando las indemnizaciones adicionales correspondientes, pero también junto con el dinero a pagar, pueden ser inhabilitados temporalmente para ocupar otro cargo público, acuérdense que ya no tienen fuero.

Así que todo este brete por la cancelación del contrato con Iberparking, a los regidores les podría salir caro y hasta quizás tendrían que pagarlo con su patrimonio personal, ahí sabrán si se echan ese trompo a la uña, porque de toda esa gente que les firmó en contra de los parquímetros, quién sabe cuántos les pondrán un peso para la multa.

¡Ah! porque lo que Cristian Vázquez y los regidores que se quieren echar para atrás no ha dicho, es que las firmas que se han juntado contra los parquímetros no tienen ningún peso legal, es pura política, porque por si el respetable no lo sabe, en eso de cuestiones tributarias, fiscales o de los ingresos municipales, no vale hacer ni plebiscito, ni referéndum, ni consulta vecinal y ni tampoco consulta popular. ¿Cómo la ven?

Convulsiona Cbtis 41
Padres de familia, alumnos y hasta maestros han manifestado su inconformidad, por cómo se han llevado a cabo la administración del plantel de los últimos directores y que al parecer, casi han llevado a la quiebra al plantel y han puesto en riesgo la operatividad de la misma.

Según los quejosos, aseguran que dejaron de pagar a proveedores y que la deuda llega a casi 5 millones de pesos, lo que ha provocado que en dicho plantel no haya dinero, siquiera para comprar papel del baño, aunado a que el teléfono y el internet es un lujo, porque la empresa que ofrecía dicho servicio se los cortó por un adeudo de más de 300 mil pesos.

Otra de las inconformidades es que destituyeron al director que había tomado las riendas del plantel en noviembre pasado, porque solicitó una auditoría a la Ciudad de México y quien además con muchos esfuerzos pintó aulas, contrató una línea telefónica con Telnor y buscó la manera de pagarle a los proveedores, lo que les dejaron de pagar en años.

Parta el bien de la comunidad estudiantil del Cbtis 41, es necesario que se aclare esto y se haga justicia, no sólo al director, sino a estudiantes, padres de familia y cuerpo docente y administrativo.