LA BUFADORA

Rendición de cuentas

Por El Mosquito
miércoles, 10 de abril de 2019 · 00:00

Ayer comenzaron a circular en el Congreso del Estado una serie de oficios -de los cuales El Vigía tiene copia- para notificar que el personal que no fuera de base, o sea, los que no son sindicalizados, deberán concluir su relación laboral con el Poder Legislativo, a pesar de que todavía faltan cuatro meses para que concluya la gestión de los actuales diputados locales.

En dichos documentos se especifica que quien no acuda el día y hora señalada no se le pagará su última catorcena.

Con esta acción el Congreso del Estado pretende hacer un ahorro en salarios de alrededor de 18 millones de pesos, más otros 65 millones que supuestamente se dejarían de ejercer en gastos de comisión, módulos de gestión y demás; sin embargo, es necesario que los diputados salientes transparenten todas estas disposiciones, porque tal cantidad de dinero ya estaba presupuestado para todo el año fiscal. Además, los legisladores también deben aclarar el destino de la partida de gestión social que se asigna cada año para cada uno de los 25 representantes populares que conforman el Congreso de Baja California, dado que se trata de un monto de 125 millones de pesos sólo para este 2019. Urge entonces dejar todo muy bien explicado, porque hay quienes consideran que el personal de confianza está siendo sacrificado, mientras los 25 diputados se reparten en el último tramo de su periodo la nada despreciable suma de 208 millones de pesos. Así que para evitar especulaciones y sospechosismos, nada mejor que la rendición de cuentas.

Extorsión sindical
Como parte del dictamen de la reforma laboral que circula en la Cámara Federal de Diputados, se estipula que se eliminará el registro a aquellos sindicatos que incurran en actos de extorsión.

Si bien en el proyecto original se señalaba dicha práctica, no se determinaba una sanción específica.

A sugerencia del sector patronal, se incluyó una nueva causal de cancelación de registro, en el artículo 369 del dictamen.

“Lo que había mencionado el presidente de la Comisión Laboral de Coparmex, que habría que quitarle el registro a los sindicatos que extorsionan, se agregó finalmente en el dictamen”, subrayó Pablo Franco miembro del Observatorio Ciudadano y de expertos que participó en la elaboración de la reforma de Ley.

El artículo 369 advierte que “se considerará que un sindicato incumple con su objeto o finalidad cuando sus dirigentes, apoderados o representantes legales incurran en actos de extorsión en contra de los patrones, exigiéndoles un pago en dinero o en especie para desistir de un emplazamiento a huelga o abstenerse de iniciar o continuar un reclamo de titularidad de contrato colectivo de trabajo”.

En consecuencia, se establece en el artículo, esta conducta comprobada podrá servir de base para que se demande por la vía jurisdiccional la cancelación del registro sindical, independientemente de las responsabilidades que puedan derivarse por la comisión de dichas conductas delictivas.

En la Ley Federal del Trabajo vigente, solamente se incluyen dos causales para la cancelación del registro del sindicato.

Una es en caso de disolución y la segunda por dejar de tener los requisitos legales.

Otro de los cambios que se agregaron en el dictamen, en relación a la iniciativa original, es que se eliminó la creación de tribunales especiales para atender asuntos de conflictos colectivos de manera inmediata.

“Esto podría traer problemas de constitucionalidad porque sería crear tribunales especiales que están prohibidos por la Constitución”, afirmó Franco, quien añadió que este tipo de conflictos tendrán que esperar a tramitarse ante el Poder Judicial como todos los demás.

Franco señaló que la intención del Presidente Andrés Manuel López Obrador es promulgar esta reforma el 1 de mayo.

La secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde, afirmó que los legisladores están en falta debido a que todavía no se aprueban las leyes secundarias de la reforma constitucional que se efectuó en 2017.

“Hubo una reforma constitucional en febrero del 2017 que hoy en día no tiene leyes secundarias, el Congreso ha estado en falta de tener esas leyes reglamentarias, hoy en la Cámara de Diputados ya está discutiéndose, la idea es que puedan aprobar las leyes secundarias que den respuesta a la reforma constitucional y a los compromisos asumidos por México en materia laboral”, manifestó.
 

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