Van por reelección

Para buscar la reelección o sumarse a las campañas, trece diputados del Congreso del Estado, cuatro de ellos plurinominales, solicitaron licencia temporal a su cargo.

El miércoles pasado, primero pidieron licencia 10 diputados, por la noche lo hizo una legisladora más, mientras que otros dos ya se habían separado del cargo.

Las solicitudes de licencia temporal tendrán vigencia hasta el 3 de junio, un día después de las elecciones estatales.

Ocho diputados son del PAN; una del PT, y de los cuatro plurinominales, dos pertenecen a Morena, una del PRI y otro más del Partido de Baja California.

Luis Moreno, de Transformemos, se separó del cargo de manera definitiva.

El morenista Catalino Zavala, uno de los que dejaron la curul de manera temporal para buscar la reelección, ha sido cuatro veces diputado local por el PRD, el PRI y ahora con Morena.

Durante la sesión, el priista Bernardo Padilla pronosticó que Zavala podría completar 15 años en el Congreso local.

“En el próximo proceso quiero que gane el nuestro, pero no me queda duda que Catalino va a hacer historia, porque todo apunta a que va a ser cinco veces diputado”, expresó.

Nueva comisionada
Josefina Román Vergara rindió el miércoles pasado protesta como comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Fue elegida por el Senado el 21 de marzo, por 98 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. La designación fue comunicada al presidente para que, si así lo consideraba, objetara el nombramiento dentro un plazo de 10 días hábiles.

Al concluir el plazo y no haber objeción, la experta en temas de transparencia rindió protesta ante el pleno del Senado para un periodo de siete años.

La nueva comisionada del INAI agradeció la confianza del Senado y se comprometió a sumar esfuerzos por la transparencia y la rendición de cuentas.

Fondos anticrimen
La Secretaría de la Función Pública (SFP) evaluará cuáles son los mecanismos para mejorar el control y la vigilancia de los recursos destinados a la seguridad pública que se transfieren a los estados y municipios, prometió Irma Eréndira Sandoval, titular de esa dependencia.

Para este año, indicó la funcionaria, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad tiene presupuestada una bolsa de 11 mil millones de pesos.

“Todos tenemos que velar para que se cumplan las mejores prácticas de adquisiciones, transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos, y la Función Pública estará ahí para ayudar a cumplir ese objetivo”, dijo durante la inauguración de la Segunda Reunión Nacional del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Sandoval sostuvo que existe una relación entre la corrupción y los niveles de inseguridad pública y que esto quedó evidenciado durante los dos último sexenios.

Entre 2007 y 2018, dijo, México pasó del lugar 70 al 138 en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, y en ese mismo periodo la tasa de homicidios en el país pasó de 8 a 23 por cada 100 mil habitantes.

Abogan por reos
La Cámara de Diputados aprobó cambios a la Ley Nacional de Ejecución Penal para obligar a las autoridades penitenciarias a realizar un registro de personas adultas mayores en reclusión.

El dictamen aprobado señala que el registro de los reos de 60 años y más deberá incluir datos sobre sus condiciones de salud, necesidades de alimentación, apoyos y ubicación, a fin de garantizar el pleno respeto a sus derechos humanos.

La reforma que adiciona el artículo 35 bis a la Ley Nacional de Ejecución Penal fue avalada por 318 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones.

Mónica Bautista, del PRD recordó que en las cárceles del país existen autogobiernos, corrupción y hacinamiento, condiciones que dificultan la estancia de este sector.

La legisladora explicó que, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), hasta junio de 2017 existían 5 mil 846 adultos mayores recluidos, en su mayoría hombres.

Entre las dificultades que tienen que enfrentar, agregó, se encuentran el estar clasificados inadecuadamente, ocupar la parte alta de las literas, carecer de rampas para movilizarse y no tener acceso a aparatos ortopédicos o prótesis. Para ellos, agregó, tampoco hay programas de reinserción social.