No buscará reelección

La regidora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Bertha Martinez Villalobos, decidió renunciar a su derecho de reelegirse como edil, y manifestó sus motivos en una carta que envió a Claudia Ruiz Massieu Salinas, dirigente nacional del PRI.

Y dicha misiva dice lo siguiente: “Los acontecimientos que han sucedido al interior del PRI en el estado de Baja California durante los últimos meses no son en lo absoluto apegados a los principios plasmados en los documentos básicos ni reglamentos que rigen la vida institucional del partido, motivo que me lleva a las siguientes reflexiones:

Como regidor y militante del PRI siempre me he conducido con estricto apego a las leyes y reglamentos, esperando que tanto la Dirigencia Estatal, como la comisión política permanente, respetaran dichos lineamientos.

En el transcurso de los últimos meses, he sido testigo de la simulación tanto en los tiempos y formas de las convocatorias, como en los acuerdos políticos, los cuales deben llevar un estricto protocolo para su validación. Esta simulación al protocolo, solo ha provocado división, deserción y decepción por parte de la militancia.

Validar estas irregularidades es validar la impunidad y procesos desaseados que rondan en todos los procesos que se han realizado en estos meses en nuestro partido.

Debido a este tipo de actos, manifiesto mi decisión de renunciar a mi derecho a optar, por la reelección y de participar en la contienda electoral 2019 de manera activa, así como en ningún acto de campaña.

Siempre manifestaré el apoyo irrestricto a la legalidad y a las causas sociales”.

Limitar uso de la fuerza
El gobierno federal quiere impedir el uso de armas de fuego en manifestaciones, por parte de las instituciones de seguridad pública.

En la iniciativa de Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza, el Ejecutivo plantea la prohibición del uso de armas para controlar o dispersar manifestaciones, o como señal de advertencia.

“El bloqueo civil de avenidas no ameritará en ningún caso el ejercicio de fuerza letal”, indica la iniciativa entregada el jueves pasado al Senado.

“Las manifestaciones civiles que se tornen violentas deberán enfrentarse mediante medios no letales”, agrega.

El Ejecutivo federal además propone que las instituciones de seguridad cuenten con protocolos para el cuidado de menores, adultos, personas con discapacidad y grupos vulnerables.

Las detenciones realizadas durante manifestaciones civiles, agrega, deberán atender los principios de máxima publicidad, debido proceso y plena identificación de los detenidos.

De aprobarse la iniciativa, estas disposiciones serán de observancia general en todo el territorio nacional para las instituciones de seguridad pública.

A tono con los protocolos de la Policía Federal y las Fuerzas Armadas, el texto hace hincapié en que los cuerpos de seguridad sólo podrán usar la fuerza cuando sea estrictamente necesario.

Subraya que el uso de armas de fuego se considera una medida extrema. No obstante, se pueden utilizar ante una agresión real o inminente, o bien, cuando se ponga en peligro la vida o integridad física del policía o terceros.

Los distintos niveles de reacción que prevé la Ley son: controles cooperativos, control mediante contacto, técnicas de sumisión, tácticas defensivas y fuerza letal.

Critica educación y salud
En Washington, el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, aseguró que los servicios de educación y salud en México son extremadamente malos.

“En México los servicios de educación no son buenos y los servicios de salud son extremadamente malos, tenemos que hacernos cargo de eso, los servicios de salud para las personas que no están en el Sistema de Seguridad Social, son provistos por los estados”, dijo al participar en el Seminario “Making growth work For the poor”.

En el evento celebrado en el marco de las reuniones anuales del Banco Mundial, aseguró que para mejorar estos servicios se requiere una mejor y mayor coordinación entre las entidades federativas y el gobierno federal.

El funcionario reconoció que sólo 10 por ciento de la gente más rica puede acceder al sistema de salud privado, mientras que el resto sólo puede acceder al sistema público que es deficiente.

La educación es deficiente en México, afirmó, porque las diferentes entidades tienen distintos niveles de desempeño.

Durante su participación, Urzúa aseguró además que el bajo crecimiento de México en los últimos años se debe a una baja inversión pública del orden de 2.5 por ciento del Producto Interno Bruto.

También comentó que uno de los primeros pasos para evitar la corrupción será la centralización de las compras de las secretarías federales.