El suspenso

La iniciativa de la Ley de Austeridad Republicana fue la primera presentada por Morena en la presente Legislatura. A pesar de ello, actualmente se encuentra atorada en la Cámara de Diputados.

El 10 de diciembre pasado, la Comisión de Hacienda de la Cámara baja canceló la sesión en la que se analizaría la propuesta, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) suspendió los efectos de la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos.

Los diputados informaron que analizarían la propuesta a la luz de la determinación de la SCJN, toda vez que ésta establecía topes a las percepciones de servidores públicos. A la fecha, la discusión no ha sido retomada.

Por tal motivo, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados buscará la próxima semana llegar a un acuerdo para aprobar la Ley de Austeridad Republicana.

El 7 de abril, el coordinador de la fracción, Mario Delgado, anunció que trataría de construir acuerdos para sacar adelante las reformas laboral y educativa, la Ley de Austeridad Republicana y la desaparición del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) antes de que concluyera el actual periodo de sesiones, el próximo 30 de este mes.

La iniciativa de Ley de Austeridad Republicana busca reducir los excesos del gobierno federal a fin de hacer eficiente el gasto público.

El proyecto plantea prohibir fideicomisos, fondos, mandatos públicos o contratos análogos con recursos públicos en áreas de salud, educación, justicia, seguridad social y seguridad pública.

Indica que los recursos que se obtengan de la extinción de los fideicomisos existentes en estos sectores serán destinados al pago de la deuda pública.

De acuerdo con la iniciativa, el monto máximo de dinero público permitido en este tipo de instrumentos no podrá ser mayor al 0.5 por ciento del presupuesto total asignado a cada uno de los entes públicos.

Propone la desaparición de plazas con nivel de dirección general adjunta, limita a tres el número de asesores permitidos por dependencia, y señala que sólo los titulares de éstas podrán tener secretario particular.

Según la iniciativa impulsada por Morena, los choferes estarán asignados sólo a los secretarios de Estado o titulares de las dependencias y entidades, así como a los subsecretarios de ramo u homólogos.

También limita la contratación de personal de honorarios, el cual no podrá resultar superior al 10 por ciento del gasto destinado al personal de estructura.

Prohíbe cubrir con recursos públicos seguros de gastos médicos privados o regímenes especiales de jubilación.

Restringe el servicio de guardaespaldas a funcionarios públicos con actividades relacionadas con la seguridad pública, la impartición de justicia y la defensa exterior, y prohíbe la adquisición de boletos de avión de primera clase, así como la contratación de servicios privados de aerotransporte.

Rematan casa de Ruiz Massieu
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) remató el pasado 24 de enero una casa que fue propiedad del ex procurador de la PGR Mario Ruiz Massieu, quien se suicidó en 1999.

La residencia de 420 metros cuadrados, ubicada en la Colonia Las Águilas de la Ciudad de México, fue rematada en 4.4 millones de pesos, apenas 60 por ciento del monto en que fue valuada, para cubrir créditos fiscales por impuestos que Ruiz Massieu no pagó.

Fincados originalmente por 4.1 millones de pesos, los créditos fiscales, multas y recargos llevan más de 25 años actualizándose, por lo que aún tras el remate de la casa quedan por saldar 32 millones de pesos, según documentos oficiales.

Según el SAT, Ruiz Massieu dejó de pagar ISR por los ejercicios de 1993 y 1994, cuando fue embajador en Dinamarca y subprocurador de la PGR.

El SAT, que rutinariamente subasta cientos de bienes muebles e inmuebles, no difunde los nombres de los ganadores de los remates.

Esta no es la única deuda fiscal que dejó Ruiz Massieu. Desde principios de 2017, el SAT pretende cobrar una multa administrativa que le impuso la entonces Secretaría de la Contraloría en 1996, por un monto original de 149 millones de pesos, que a estas alturas podría superar los mil millones.

El periódico Reforma publicó en 2017 que un tribunal federal había ordenado devolver 7 de 19 inmuebles reclamados por herederos de Ruiz Massieu, que estuvieron asegurados por una acusación penal de enriquecimiento ilícito, entre ellos la casa en Las Águilas.

El SAT puede rematar estos bienes porque la acusación penal y las deudas fiscales son temas independientes.

En septiembre de 1999, Ruiz Massieu se suicidó en la casa donde estaba bajo arresto domiciliario en Newark, Nueva Jersey, cuando estaba a punto de ser trasladado a Houston para ser juzgado por lavar dinero del narcotráfico. Tenía 48 años de edad.