Cambio de formato

Desde que la ley electoral contempla la organización de debates entre los candidatos a puestos de elección popular, el formato de estos eventos no ha podido evolucionar, y más que un contraste de propuestas y proyectos de gobierno, se convierten en simples foros donde los contendientes, la mayoría sin experiencia frente a las cámaras, sufren para exponer sus ideas.

El domingo pasado por la noche se llevó a cabo el primer debate entre aspirantes a la gubernatura de Baja California, que tuvo como sede las instalaciones del Colegio de la Frontera Norte en Tijuana. Y de los seis candidatos, el único que no estuvo presente fue Jaime Bonilla, de Morena, quien desde el principio de su campaña había anunciado que no asistiría a los debates.

Así que durante una hora, José Óscar Vega, del PAN; Enrique Acosta Fregoso, del PRI; Jaime Martínez Veloz, del PRD; Héctor Osuna Jaime, de MC, e Ignacio Anaya Barriguete, del PBC, respondieron a preguntas relacionadas con la seguridad pública, la procuración de justicia y la migración, para cerrar con un mensaje de dos minutos cada uno.

Los moderadores de este primer debate fueron los periodistas Adela Navarro y Fernando de Monte, quienes tuvieron una participación más activa, dado que en varias ocasiones interrumpieron a los candidatos para que fueran más precisos en sus contestaciones, pero sobre todo, le dijeran a la audiencia cómo resolverían los rezagos y problemas de Baja California.

Sin embargo, los candidatos que asistieron perdieron una magnífica oportunidad de conectar con la gente, porque de entrada el debate tuvo muy poca difusión, incluso los equipos de apoyo de los aspirantes no compartieron la transmisión por internet a través de las redes sociales. Ciertamente el día y la hora no ayudaron, pero el alcance fue bastante pobre. ¿Por qué no organizaron inmediatamente un postdebate con expertos?

Esperemos que en los dos encuentros que restan el formato sea más dinámico y los aspirantes a la gubernatura desarrollen más su capacidad de síntesis, apoyen sus propuestas con datos duros, y hagan énfasis en cómo enfrentarán tantas necesidades que tienen los bajacalifornianos.

Van contra excesos

El proyecto de dictamen de la Ley de Austeridad pretende acabar con los excesos y el despilfarro del gasto público; entre sus medidas busca prohibir la compra o renta de vehículos de lujo y las contrataciones de seguros en beneficio de los funcionarios.

Indica que las dependencias federales están obligadas a acatar la ley para combatir la desigualdad social, la corrupción y la avaricia de los bienes y recursos nacionales a fin de hacer eficiente el gasto público.

Como medidas de austeridad se prohíbe la compra o renta de vehículos de lujo o cuyo valor supere los 366 mil pesos, para el transporte y traslado de los servidores públicos.

Además, los vehículos oficiales sólo podrán destinarse a actividades públicas prioritarias y a la prestación de servicios directos a la población.

La Ley prohíbe la compra o renta de equipos y sistemas de cómputo en el primer año de cada inicio de administración del Ejecutivo federal; y las contrataciones de seguros -como los de separación individualizado o cajas de ahorro de ahorro- en beneficio de los funcionarios con recursos del Estado.

“No se realizarán gastos de oficina innecesarios. Se prohíbe remodelar oficinas por cuestiones estéticas o comprar mobiliario de lujo; también se prohíbe el derroche en energía eléctrica, agua, servicios telefónicos, internet, gasolinas e insumos financiados por el erario”, señala.

Establece que los funcionarios públicos de alto mando y servidores públicos de confianza deberán trabajar de lunes a sábado, en los términos y condiciones que fije la normatividad correspondiente.

Baja burocracia

En los primeros cuatro meses del actual gobierno federal, la presidencia de la república y 15 secretarías de Estado redujeron 11 por ciento su estructura.

De acuerdo con la nueva plataforma Nómina Transparente, esas instancias tienen ahora 9 mil 170 servidores públicos menos que los registrados en agosto de 2018 por la Secretaría de la Función Pública en su informe de empleados de la Administración Pública Federal.

La Secretaría de Salud es la que registra el mayor recorte, pues pasó de 15 mil 89 empleados en agosto a 10 mil 81 que actualmente están en nómina.

Le sigue la presidencia de la república, que pasó de mil 692 a mil 122 servidores públicos, es decir, 570 menos, de los que 515 cobraban bajo el régimen de honorarios o como eventuales, según el director de Relaciones Laborales de esa dependencia, Antonio García.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes recortó 557 plazas; la del Trabajo 462 y la de Economía 358.

Entre los organismos descentralizados que ya actualizaron su base de datos en la plataforma Nómina Transparente, la CRE rebajó 93 plazas, para quedarse con 513, mientras que la Comisión Nacional de Hidrocarburos descendió de 446 a 364 empleados.