Se acepta la invitación, Lic. Burns

Hace unos días en entrevista que se le hizo al señor Licenciado Alfonso García Quiñones, éste manifestó que Ensenada sería seriamente afectada por la decisión del Gobierno Municipal de promover que se aplique la resolución de la Suprema Corte de la Nación, mediante la cual determinó que el Congreso del Estado debe emitir el Estatuto Territorial del Estado.

Agregó el vocero e integrante del GIT, que sería ilógico que al fijar los límites el Congreso fuera en contra de su propia decisión de haber otorgado a Playas de Rosarito 163 kilómetros cuadrados que se consideran territorio ensenadense, entre otros argumentos.

Al día siguiente, 13 de mayo, el señor Licenciado Tomás Burns Mendívil, Director Jurídico de Ayuntamiento, publicó una larga réplica a lo dicho por García Quiñones, en la cual afirmó, entre otras cosas, que no ha existido Estatuto Territorial previamente, por lo que la aseveración que hace carece de fundamento legal y eso fue materia de la controversia constitucional promovida Playas de Rosarito, 82/2016.

Manifestó asimismo, que la emisión del Estatuto Territorial ordenado también pude ser impugnado por la misma vía constitucional cuando se emita en caso de ser contrario a los intereses de este municipio.

En diversas ocasiones he manifestado públicamente que el GIT cuyo vocero es el señor Lic. García Quiñones, tiene errores elementales de carácter jurídico, entre otros, que era improcedente la controversia territorial que promovió el Ayuntamiento, tan improcedente como la controversia constitucional que interpuso en contra de la resolución dictada por el Congreso.

Este asunto lo traté en su oportunidad con el Director Jurídico del Congreso, y estuvo de acuerdo cuando le hice saber que la controversia territorial, por ser totalmente improcedente jurídicamente, ni siquiera debió ser admitida por el Congreso. Le pedí que se lo hiciera saber a los Diputados, pero me respondió que no tenía caso porque ellos sólo ven el aspecto político, no el legal.

Por su parte el señor Lic. Tomás Burns Mendívil acierta en algunos puntos, pero falla en otros, y eso seguramente se debe a que no conoce en forma completa, lo mismo que García Quiñones, la historia de este tema, pues omite hacer referencia a aspectos mucho más importantes que los que refiere en su réplica.

No sé si conoce la resolución dictada en la mal interpuesta controversia territorial, aunque tengo la impresión de que no la conoce y si la conoce no la ha analizado desde el punto estrictamente jurídico, como tampoco lo ha hecho mi cuate Alfonso, tan cierto es que tienen la idea de que en esa resolución se condenó al Ayuntamiento de Ensenada a la entrega de un territorio, lo cual es falso.

También han pasado por alto algo que es sumamente importante; quién pagó, a quién le pagó, por qué le pagó doce millones de pesos, situación que también le compete a Sindicatura, porque si es por la controversia constitucional, afirmo que eso es un fraude y aquí hay responsables, porque esa controversia mal hecha vale tanto como el papel en que está escrita.

La autoridad municipal, desde Pablo Alejo López, hasta Novelo, pasando por Enrique Pelayo y el pobrecito Hirata, han confiado en personas que han enredado este asunto y han empobrecido el erario municipal gastando sin ton ni son, dinero que hubiera servido para pavimentar o de perdida para tapar los baches.

¿Quiénes son los responsables, Síndico Procuradora?

En el párrafo final de su réplica, anota el LIC. BURNS MENDÍVIL: “ …y para finalizar, debo precisar que los intereses de esta dirección por instrucciones del Alcalde siempre estarán abiertas al diálogo, con los medios y grupos, así como ciudadanos que puedan sumar a la defensa del patrimonio municipal”.

Acepto esa invitación, Lic. Burns, y quedo a sus órdenes; usted me dirá cuándo, dónde y con quién o con quienes.