Un billón de condonación

Aparte de las condonaciones a grandes empresas, el SAT deberá informar quiénes son los beneficiados de las cancelaciones de créditos fiscales, que entre 2007 y 2018 ascienden a 1.1 billones de pesos, una quinta parte del presupuesto federal de 2019, planteó Iván Benumea, investigador de Justicia Fiscal de Fundar.

“Falta que se informe cómo operaron las cancelaciones de créditos fiscales, que son medidas administrativas del SAT donde da de baja créditos fiscales o los deja de cobrar.

“Estas cancelaciones se acercan al 1.1 billones de pesos, estamos exigiendo esta información”, indicó al periódico Reforma el litigante.

“Ese monto de 1.1 billones de pesos es aparte de las condonaciones que el Gobierno federal calculó en 400 mil millones de pesos en 2007 y 2018. En esta parte falta conocer quiénes son los contribuyentes físicos y morales, los montos y los beneficiarios; son figuras distintas, las cancelaciones son la suspensiones de acciones de cobranza”, estableció.

Benumea aclaró que en este caso, contrario a las empresas que buscan el anonimato mediante litigios para que se evite conocer de sus condonaciones, los beneficiados de las cancelaciones de créditos fiscales no pueden iniciar juicios.

Va Robledo al IMSS
Tras señalar que no le pueden fallar a los derechohabientes, el nuevo director del IMSS, Zoé Robledo, afirmó que va por una gran reforma de la seguridad social.

En un mensaje en la Secretaría de Gobernación, horas después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador diera a conocer su nombramiento, admitió que hay mucho trabajo por hacer, pero aseveró que también existe ruta y rumbo.

“Es un enorme honor sumarme a esta encomienda que me ha encargado el señor presidente, de altísima responsabilidad. Y sobre todo, la enorme oportunidad de ir hacia la gran reforma de la seguridad social de México como director del Instituto Mexicano del Seguro Social”, expresó el ex subsecretario de Gobernación.

“A los derechohabientes les digo: Esta es la más alta responsabilidad de mi vida pública, no podemos fallarles”.

Acompañado de la titular de Segob, Olga Sánchez Cordero, subrayó la necesidad de recuperar el sentido original de las instituciones.

“El mayor desastre de este periodo de 36 años fue sin duda la destrucción del contrato social; ese gran legado que nos dejaron los constituyentes en 1917 no ha sido posible que lo destruyan del todo”, dijo.

“Hoy la desigualdad social que vivimos, el desmantelamiento del Estado, no es un problema de diseño institucional, no es un problema financiero nada más, no es un problema médico nada más, no es un problema de diseño institucional. Ese problema lo ocasionó la política, y por eso la política lo puede solucionar”.

Indicó que el Plan Nacional de Desarrollo representa una oportunidad para ir hacia un nuevo pacto social que garantice, entre otros puntos, que para 2024 todos los mexicanos puedan recibir atención médica y hospitalaria gratuita, incluidos el suministro de medicamentos, materiales de curación y exámenes clínicos.

Evitar alza de deuda pública
La deuda pública en México se mantendrá por debajo del 45 por ciento del PIB, aseguró el secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa.

El anuncio lo hizo ante empresarios reunidos en el foro “Impulsando el Potencial Económico de México” organizado por el American Society Council of the Americas.

“El objetivo es que se mantenga constante o baje, pero que no suba”, afirmó.

La deuda pública en México aumentó como porcentaje del PIB de un nivel de 30 por ciento del PIB a más de 40 por ciento en el último sexenio, dijo.

Por esta razón se buscará obtener un superávit primario de uno por ciento cada año para no incrementar la deuda pública como porcentaje del PIB.

En el primer trimestre del año se lleva un superávit de 98 mil millones de pesos, refirió.

Señaló que uno de los principales factores que ha frenado el crecimiento en México ha sido el lento avance de la inversión, lo cual sucede en la mayoría de los países del mundo.

Por ello, dijo el funcionario, una de las prioridades de la actual administración es impulsar la inversión, lo que se logrará mejorando el acceso al financiamiento, fortaleciendo el Estado de Derecho y combatiendo eficazmente a la corrupción.