Validan elección

Aunque era cuestión de trámite, no deja de ser un acontecimiento histórico el arribo de una nueva fuerza política (Morena) a la gubernatura de Baja California, así como el hecho de que el Partido Acción Nacional (PAN), resultara derrotado tras permanecer tres décadas al frente de la administración estatal, y también porque el Partido Revolucionario Institucional (PRI) tendrá que recomponerse, porque de lo contrario en el 2021 podría hacerse más chiquito.

Con la entrega de la constancia de mayoría al ingeniero Jaime Bonilla Valdez, se cumple una de las principales etapas del proceso electoral en Baja California, y ahora sólo basta esperar que los tribunales resuelvan las impugnaciones que se presenten, pero que seguramente serán desechadas porque no hubo irregularidades en las votaciones, sino incidentes menores, los normales de una jornada electoral.

Democracia menos costosa
En sus iniciativas relacionadas con la reforma electoral, Morena plantea, entre otras medidas de austeridad, reducir el salario de los consejeros y funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), desaparecer los Organismos Públicos Locales -como el IEE en Baja California-, para que asuman sus funciones los consejos locales y reducir el financiamiento a los partidos.

También se plantea modificar la estructura del INE, al reducir el número de integrantes del Consejo General de 11 a 7 consejeros, y modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) para fusionar las tareas de las direcciones de Capacitación Electoral y Organización Electoral.

En las iniciativas se contempla la reducción del salario de los consejeros del INE para que no sea superior al del presidente de la república, asunto que ha sido litigado en tribunales y en la Corte.

“Las remuneraciones de los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral no podrán contravenir lo dispuesto en el título séptimo de esta Constitución y las leyes de la materia”, señala la propuesta de adición al artículo 41 constitucional.

Las iniciativas de reforma electoral presentadas por diputados de Morena se discutirán en dos foros que iniciaron ayer, continuarán hoy y los días 13, 18, 19 y 20 de junio, con la participación de funcionarios electorales, académicos, legisladores y constitucionalistas.

La iniciativa del diputado Sergio Gutiérrez, presentada el 7 de marzo, plantea modificar los artículos 40, 41, 99, 116, 122 y 134 de la Constitución y se presenta como como reforma “en materia de austeridad republicana y austeridad electoral”.

En el caso del financiamiento público a los partidos, coinciden en la propuesta de reducción de 50 por ciento de lo que reciben actualmente, las iniciativas de Gutiérrez y de Tatiana Clouthier y Mario Delgado.

Morena propone modificar la fórmula con la que se calcula el monto a distribuir, aunque deja intacta una variable que en sí misma es multiplicadora, como es considerar cada año el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral.

“El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el treinta y tres por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior”, dice la propuesta.

Una iniciativa del diputado César Agustín Hernández, también presentada en marzo, plantea modificar la Constitución para reducir el número de consejeros del INE de 11 que son en la actualidad, a siete.

El diputado Pablo Gómez propuso desde septiembre de 2018 la fusión de las áreas de capacitación y organización electoral.

Exhibir corrupción
Para incrementar la confianza ciudadana en las instituciones e incentivar la denuncia de casos de corrupción, organismos y periodistas señalaron la necesidad de que las autoridades hagan públicos los avances en las investigaciones de este tipo.

“Estarías mandando un mensaje claro a la población de que sí se está haciendo lo que tiene que hacer cada una de las instituciones”, resaltó Joel Salas, comisionado del Instituto Nacional de Acceso a la Información, durante el panel Los Retos de la Transparencia en el Combate a la Corrupción, organizado por la agrupación Redes Quinto Poder.

“Cuando no esté dando el ancho, que se le reclame”.

En la discusión participaron también Bonnie Palifka de Ciudadanos Contra la Corrupción, quien propuso que las instancias investigadoras y sancionadoras cuenten con indicadores para dar a conocer el avance de los casos.

“Esto dará al menos un poco de satisfacción al público y fomenta la denuncia”, indicó.

Durante el diálogo se señaló también la necesidad de que los medios de comunicación den puntual seguimiento a los casos de corrupción que revelen, para que tengan las sanciones correspondientes.