LA BUFADORA

SEA paralizado

Por El Mosquito
martes, 18 de junio de 2019 · 00:00

Los Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA) debían estar integrados y funcionando desde el 18 de julio de 2017, pero a la fecha siguen paralizados y obstaculizados por la intervención de gobernadores y legisladores, revela un estudio que Ethos, Laboratorio de Políticas Públicas.

Ethos encontró resistencias a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y sus réplicas estatales, que plantean requisitos de honorabilidad para quienes aspiren a ser secretario técnico o miembros del CPC, pues la idea es que sean probos y apartidistas, además de capacitados en el combate a la corrupción.

Aquí en Baja California llevaron al paroxismo la participación ciudadana, pues la participación de 15 integrantes del CPC -un número tres veces mayor que en los sistemas del resto del país-, así como de los 22 miembros del Comité Coordinador (11 autoridades y 11 ciudadanos) hace más difícil llegar a acuerdos.

En palabras del titular del Instituto de Transparencia del Estado, Octavio Sandoval, el proceso se ha vuelto lento y tortuoso. “Es un modelo muy burocratizado, con demasiadas instituciones públicas involucradas y, al tomar decisiones, las discusiones se tornan complejas y eso hace que no haya avances importantes”.

Nuevo León tiene completa su estructura del SEA, pero ha sido exhibido por su inoperancia en el tratamiento de casos de presunta malversación de fondos.

El fiscal especializado de la entidad, Javier Garza y Garza, reconoce que tiene en su escritorio casi 200 expedientes sin resolver, por trabas de funcionarios.

“Tengo más de mil 900 oficios girados solicitando información a todas las instancias, se las pido de una forma y de otra, porque la dan mocha o no la dan; es un batallar”, dice.

El actual gobernador, Jaime Rodríguez, no simpatiza con el SEA y pidió su anulación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), alegando que debería ser la ciudadanía y no la Comisión de Selección elegida por el Congreso quien propusiera las ternas para nombrar a los fiscales general, anticorrupción y electoral. Su controversia fue rechazada.

Los legisladores retomaron el control y el mandatario respondió aferrándose a un encargado de la Contraloría, para evitar una ratificación que tendría que atravesar por el Congreso.

Fracaso panista
Decepcionado, Luis Felipe Bravo Mena se apartó de la Comisión Anticorrupción del PAN que le encargó el entonces dirigente nacional, Ricardo Anaya.

“Fue una experiencia insatisfactoria: con las herramientas que contamos no se podía ir muy lejos”, reconoció.

El también ex dirigente del blanquiazul renunció a la Comisión el pasado 7 de septiembre en un escrito dirigido a Marcelo Torres, ex dirigente nacional, para hacerse cargo de la representación del gobierno de Guanajuato en la capital del país.

Desde entonces, el órgano interno quedó acéfalo y prácticamente en el limbo.

Bravo Mena pudo recomendar a la Comisión de Orden y de Justicia del blanquiazul la expulsión de dos cuadros: la ex alcaldesa de Monterrey Margarita Arellanes y el ex gobernador hidrocálido Luis Armando Reynoso.

El ex mandatario sonorense Guillermo Padrés dejó de ser militante y la sentencia que se perfilaba ya no tuvo sentido.

“No es el mejor instrumento para combatir la corrupción. Había expectativas muy grandes, pero los resultados muy bajos”, dijo al hacer un balance.

En otra vuelta de tuerca, los panistas ahora miran a la Comisión de Ética, presidida por el tabasqueño Gerardo Priego, para desterrar de las filas del partido el fenómeno de la corrupción que tanto lo ha afectado.

“La corrupción era una cosa sistémica que comienza desde el comité municipal, los dirigentes municipales que deben vigilar que todos los panistas no anden haciendo cosas indebidas. Deben ser los primeros pero al crearse la Comisión se decía ‘pues que la Comisión lo haga’ y se comenzó a generar desentendimiento y omisión de responsabilidades para combatir lo que les tocaba combatir en primer nivel”, explicó Bravo Mena.

Otra de sus conclusiones, apuntó, es que cuando el partido se tiene que sancionar a sí mismo, empieza a generar un bloqueo interno.

“Entonces, nuestra conclusión fue que la Comisión debe reunir elementos y notificar a la autoridad competente. O sea: ‘Tengo conocimiento de esto y ahí te va’, porque de otra manera todo se queda adentro y adentro se pudren las cosas”, planteó.

Al iniciar su gestión, recordó, se propusieron un combate frontal a la corrupción.

“Nos pusimos niveles altos, pero las herramientas para llegar al ideal que buscábamos no las tuvimos porque es imposible que las tenga una institución que no sea autoridad pública”, indicó el ex candidato al gobierno mexiquense.
 

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