LA VERDAD SEA DICHA

¿Qué ganó Ensenada, presidente?

Por Guillermo Hurtado Aviña
miércoles, 10 de julio de 2019 · 00:00

Segunda parte

Unas de las pruebas que ofrecimos consistieron en trabajos topográficos, escrituras públicas de inmuebles inscritos en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Ensenada, y constancias de que comercios de esa zona pertenecían a la Cámara de Comercio de nuestra ciudad, entre otras.

Obtuvimos a la Comisión Permanente de la XV Legislatura, una audiencia que se celebró el 17 de septiembre de 1997, con la asistencia del Presidente Municipal y de todos los integrantes del Cabildo Municipal, en la que se hizo una exposición amplia y detallada, y se contestaron algunos cuestionamientos en base a los documentos que les habíamos presentado.

Participaron en esa audiencia, el Lic. Raymundo Beltrán, Director Jurídico; Arq. Benjamín Peña, Director de Catastro; Andrés Paredes, jefe de topógrafos de Catastro; quienes hicieron una magnífica exposición con pelos y señales, demostrando en forma clara y precisa la verdad de lo que manifestamos al rendir nuestra opinión en cumplimiento de la ley.

Al finalizar esa audiencia, dijo el Presidente del Congreso, Juan Hernández Rodríguez, “bueno, señor Presidente, vamos a analizar todas las actuaciones posteriormente, y se resolverá esta controversia”.

Tal vez por estar seguro de que por no haber aportado pruebas, Rosarito no podía obtener un resultado favorable, en una de las pláticas que tuvimos con su Presidente en ese tiempo, Hugo Torres Chabert, éste ofreció darle a Ensenada toda la parte cerril, a cambio de que le diéramos toda la costa, obviamente Ensenada no aceptó.

Pues bien, por esas cosas raras de la política, el Gobernador Terán Terán, sabiendo que el Congreso se preparaba para resolver el conflicto, por Decreto 146 publicado en el Diario Oficial de fecha 21 de mayo de 1998, modificó los artículos 8 y 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Baja California, y al hacerlo fijó los límites de Tijuana y Playas de Rosarito, respectivamente, dejando sin efecto todo el procedimiento que estaba a punto de terminar con una resolución de parte del Congreso.

Esta fijación de los límites evidenció la parcialidad del Gobernador Terán a favor de Playas, seguramente por saber que se resolvería en su contra, pues el perímetro de ambos municipios, Tijuana y Playas, está señalado de una manera tal que solamente puede ser entendido por un topógrafo.

Como quiera que sea, lo cierto es que siempre se ha dicho que desde que nació Playas, hasta ahora, está pendiente el señalamiento de los límites, y tal afirmación no es correcta, pues como ha quedado probado, Terán Terán fijó los límites, mal pero los fijó, de manera que con ello quedó resuelta la situación que provocó ese procedimiento que el gobernador hizo abortar.

Al fijar Terán Terán los límites de Tijuana y Playas de Rosarito, las partes se quedaron quietas, Ensenada no dijo nada y Rosarito tampoco. Los límites ya estaban fijados.

Fue hasta el 15 de octubre de 2001 cuando, siendo Gobernador Alejandro González Alcocer, se publicó en el Periódico Oficial el artículo tercero transitorio de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California, por el cual se abrogaba la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Baja California y cobraba vigencia la Ley del Régimen Municipal Para el Estado de Baja California.
 

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