¿Consejeros electorales?

No es nuevo que algunos consejeros “ciudadanos” del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) acostumbran comportarse más como velados representantes de partido que en defensores de las normas jurídicas que protestaron cumplir, pero no la tiene la culpa la sociedad, sino el consejo general del Instituto Nacional Electoral que los impuso en ese cargo.
Resulta que ayer se debieron entregar las constancias a los ocho diputados de representación proporcional (cinco hombres y tres mujeres), con base en las ecuaciones y disposiciones que establece la ley; sin embargo, debido a la ausencia por motivos de salud del presidente del consejo del IEEBC, Custodio Clemente Ramos, el consejero numerario Daniel García García sembró el sospechosismo al cuestionar la legalidad de la sesión ante la inasistencia del presidente, postura a la que se sumaron Abel Muñoz Pedraza y Olga Viridiana, quienes después de pasar lista decidieron retirarse de la sesión para romper el quórum, actitud que fue duramente criticada por los representantes de partido, los cuales demandaron que se levantara un acta circunstanciada y se notificara al INE de los desplantes de dichos consejeros, cuyo protagonismo, ego, vanidad e intereses personales los pusieron por encima de la ley.
Estas actitudes de los consejeros alimentan más las exigencias de que desaparezcan los órganos estatales electorales y sean los consejos distritales del INE los responsables de organizar los comicios.

Más protagonismos
Y la que también demandó sus cinco minutos de cobertura mediática durante la frustrada sesión del IEEBC en Mexicali, fue la diputada local electa por el distrito XVI con cabecera en Ensenada, la morenista Miriam Cano, quien junto con otras activistas se manifestaron en contra de que asignen cinco diputaciones plurinominales a hombres y sólo tres a las mujeres.
Al respecto, si bien cualquier ciudadano tiene el derecho a expresar su inconformidad, llama la atención que habiendo ganado todo en las pasadas elecciones, Miriam Cano exija posiciones de minoría que les corresponderían en dado caso a mujeres que militan en otros partidos políticos. El argumento de que la paridad de género debe aplicar a los cargos de mayoría y de representación proporcional es una demanda legal que deben encabezar las mujeres que fueron registradas por los partidos, y no es a través de gritos ni estridencias como se dirimen estos asuntos. La mejor prueba de que la vía jurídica es el único medio ecfetivo la demostró la actual diputada local por el PRI, Patricia Ríos, quien le tumbó el escaño plurinominal a su compañero de partido, gracias a una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que recibió un recurso de inconformidad que ella presentó.
Si Miriam Cano en verdad pretenden representar los auténticos reclamos sociales, que promueva la desaparición de los diputados plurinominales y la eliminación del financiamiento público estatal, y que la integración de los órganos de gobierno no sólo contemple la paridad de género, sino la inclusión y la diversidad, porque en cabildos y congresos no están representados los indígenas nativos y migrantes ni las personas con capacidades diferentes, por citar algunos ejemplos, ya no se diga representantes de la comunidad LGTB.

Combatirán compras ilícitas
La Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) firmaron un acuerdo para combatir la corrupción de servidores públicos, contratistas y proveedores en las compras de gobierno federal, así como los delitos fiscales y financieros.
Las titulares del SAT, Margarita Ríos-Farjat, y de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, firmaron el convenio que permitirá identificar irregularidades en las compras de gobierno y sancionar a los contribuyentes que no cumplan con sus obligaciones fiscales a través del intercambio de información que generen ambas dependencias.
Ríos-Farjat dijo que tanto el SAT como la SFP van a cuidar la integridad, reserva y confidencialidad de la información que entreguen y reciban, siempre apegados a la ley y al marco constitucional.
La información intercambiada no será limitada por amparos de los contribuyentes, resaltó.
Por su parte, Sandoval destacó que en el país se lavan entre 20 mil a 30 mil millones de dólares al año.
Este delito significa un financiamiento al crimen organizado y una pérdida de recaudación, afirmó.
El acuerdo, aseguró, permitirá identificar conflictos de interés de los servidores públicos y sancionar prácticas ilícitas.
Señaló que también colaboran para combatir la evasión y la elusión fiscales, ya que México tiene una recaudación fiscal de 17 por ciento del PIB, la mitad del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Por ello, la SFP acompaña este año al SAT para que los servidores públicos sean los primeros en cumplir con sus obligaciones fiscales, y con este convenio se trabajará aún más para promover una cultura de cumplimiento en toda la Administración Pública Federal.