LA BUFADORA

¿Y la vocación de servicio?

Por El Mosquito
sábado, 21 de septiembre de 2019 · 00:00

La ciudad, el municipio y toda la población está secuestrada por las poco más de mil personas que pertenecen al sindicato de burócratas que “laboran” en el Ayuntamiento de Ensenada.
El malestar de los sindicalizados radica en que de la nómina del personal de base, que representa 15 millones de pesos, el gobierno municipal ya pagó 13 millones 100 mil pesos, y entre los sindicalizados a quienes sí se les ha pagado se encuentran bomberos y trabajadores de lista de raya, porque estos últimos son los que menos ganan.
Adicional a lo anterior, y en el colmo de los colmos, los sindicalizados están pidiendo el pago de anillos y placas por años de servicio de los burócratas con un costo para el Ayuntamiento de alrededor de un millón de pesos.
También la administración municipal pagó a los policías, los cuales representan una nómina de 7 millones de pesos, por considerar que son quienes arriesgan su vida por la seguridad de los ensenadenses.

Tic, tac, tic, tac…
A través de un comunicado, se informó que el pleno del Congreso local, avaló una proposición que exhorta al titular del Ejecutivo estatal, “a informar si existe un convenio, donde se establezca algún acuerdo para el descuento vía nómina de los trabajadores del gobierno del Estado con la asociación civil, denominada, Centro de Estudios y Análisis Humanistas.
Asimismo, gire instrucciones a los responsables de la Secretaría de Planeación y Finanzas y de la Oficialía Mayor del Estado, para que rindan un informen y expliquen a cuánto asciende la cantidad total del dinero destinado a esta asociación civil, producto de las deducciones realizadas a la nómina catorcenal de los trabajadores del Estado desde el año 2007.
De igual forma, los diputados locales aprobaron la solicitud para que el titular de la Contraloría y Transparencia Gubernamental realice una investigación sobre este hecho.
Además, se determinó citar a comparecer ante la Comisión de Fiscalización de esta XXII Legislatura, al titular de la Oficialía Mayor de Gobierno, a fin de enterar a este Poder de la situación detallada de esta situación; así como, a la unidad técnica del Instituto Nacional Electoral (INE), revise el tema de las cuotas voluntarias, realizadas a este organismo.
La propuesta  presentada ante la máxima tribuna del Poder Legislativo, por la diputada Araceli Geraldo Núñez, señala que recientemente fue publicado en diversos medios de comunicación, una denuncia, donde se plantea que el Gobierno del Estado desde el año del 2007 a la fecha, aplica una deducción del 2 por ciento en el pago de nómina catorcenal, a una gran cantidad de servidores públicos que laboran en la dependencia estatal y en los ayuntamientos”.
La legisladora manifestó que “resulta intrigante y a la vez sospechoso que dichas deducciones a la nómina catorcenal de trabajadores sean dirigidas a la cuenta de esta asociación civil”. Recalcó, este no es un tema de partidos si no un tema de dinero que afecta a los funcionarios públicos directamente en su bolsillo.
Desafortunadamente hay mucho temor por parte de los trabajadores del Gobierno del Estado a denunciar este tipo de acciones por miedo a ser objeto de hostigamiento laboral o en su caso a ser despedidos”, subrayó.
“Uno de los mayores riesgos que pone en peligro el bienestar político, económico y social de la población en general, es la malversación de los recursos públicos para asuntos electorales o particulares. Es entonces que el desvío de recursos públicos se ha convertido en la mejor herramienta política de distintos actores, principalmente del gobierno, para enriquecerse a sí mismos, a alguna empresa, fundación o instituto político”, precisó.

Discutirán ley electoral
La próxima semana, la Cámara de Diputados reactivará la discusión de la reforma electoral, a fin de que se apruebe en este periodo de sesiones, aseguró el diputado Sergio Gutiérrez.
Gutiérrez, quien encabeza el grupo designado para dicha reforma, informó que a más tardar la segunda semana de octubre se entregará a las bancadas un anteproyecto base, sobre el cual trabajarán todos.
Hasta el momento están registradas más de 113 iniciativas, las cuales se refieren a la reducción de prerrogativas a los partidos políticos, papel del INE y los Organismos Públicos Electorales locales, número de miembros del Consejo General y su duración en el cargo, tribunales electorales locales, fiscalización y austeridad electoral.

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