¿Fiesta popular?

Al cierre de esta columna todavía era un misterio si se realiza o no el Carnaval de Ensenada, evento que cada año viene a menos, al grado que nadie levanta la mano para organizar una fiesta que ha perdido todo, porque carece de una base social que la defienda y promueva, al grado que es un tema que sólo le importa a unos cuantos, entre ellos los que enemigos de la transparencia y rendición de cuentas, los cuales se beneficiaron en el pasado cuando tenían el control de dicha “tradición”.

Ahora esa minoría que únicamente critica porque dejó de explotar la concesión del Carnaval, no responde a preguntas de historia ni dice cómo le hicieron, porque la verdadera certeza es que era negocio para unos cuantos.

18 entidades afiliadas
Hasta el momento 18 estados se han adherido al nuevo modelo del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y otros 14 se encuentran en proceso de unirse, informó Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud.

De acuerdo con el funcionario, las entidades integradas son: Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas, gobernadas por el PRI; Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Puebla, Tabasco y Veracruz, gobernadas por Morena, y Durango, Querétaro, Quintana Roo y Yucatán, gobernadas por el PAN.

Los estados tienen como plazo hasta el 31 de enero para sumarse al convenio.

López-Gatell señaló que se harán informes semanales para identificar avances y llamó a la población a denunciar irregularidades en el servicio de salud.

Indicó que 5 mil centros de salud y 700 hospitales serán remodelados, ampliados o construidos este año. Además de que serán basificados poco más de 17 mil trabajadores de la salud.

Pierden beneficios
Los socios conductores de aplicaciones (apps) de transporte como Uber o DiDi perderán beneficios fiscales que tuvieron hasta el año pasado. Y los nuevos simplemente no los tendrán.

A partir de junio, los conductores tendrán que pagar completos los impuestos generados por los viajes que realicen, pues ya no tendrán el beneficio de la exención del pago total y parcial durante los primeros 10 años de actividad que contempla el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF).

Hasta el año pasado, el RIF era un régimen permitido para los conductores de plataformas de transporte, pero con las disposiciones fiscales para 2020 ya no será posible que tributen bajo dicho esquema, de tal manera que los nuevos conductores que se den de alta este año tendrán que hacerlo como personas físicas, y los que ya operaban como RIF tendrán que cambiarse antes del 1 de junio.

Este cambio impactaría en su flujo, pues el RIF exentaba a los socios conductores del pago de impuestos el primer año, el segundo sólo pagaban el 10 por ciento, el tercer año el 20, el cuarto año el 30 hasta llegar al 100 por ciento al décimo año.

Esta disposición no tendría que afectar las tarifas de transporte para el usuario, pues no se agregan nuevos impuestos, sólo se eliminan beneficios para los conductores y se agregan responsabilidades a las plataformas, que tendrán que retener y reportar los impuestos al Servicio de Administración Tributaria.

Eliminarían preescripción
La coordinadora del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez, informó que presentarán a la Comisión Permanente un punto de acuerdo para solicitarle al Senado que “desempolve” una reforma al Código Penal que elimina la prescripción del delito de pederastia y tipifica la complicidad y el encubrimiento de éste.

Explicó que la minuta se encuentra en la Cámara alta desde 2014, luego de la aprobación de los diputados, y no ha sido dictaminada por las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos.

La perredista señaló que a raíz de los casos de pederastia relacionados con los Legionarios de Cristo, la minuta cobra relevancia, no sólo por la necesidad de eliminar la prescripción de este delito, sino porque diversos legisladores se han manifestado en ese sentido.

Fracasa bloqueo a celulares
Los bloqueadores para llamadas de celular al interior de los penales capitalinos son inútiles.

Hazael Ruiz, subsecretario del Sistema Penitenciario, reconoció que estos inhibidores de señal no funcionan y que persiste la corrupción para el contrabando de celulares.

La tecnología instalada en 2014 costó al menos 25 millones de pesos. Fueron colocados148 equipos en los penales Norte, Oriente, Sur, en la Penitenciaría y en los centro de Readaptación Social Varonil y Femenil de la Ciudad de México.

“Son vigilados, controlados, administrados y mantenidos por el Gobierno federal”, acotó Ruiz.

El Observatorio Nacional Ciudadano indica que, al menos, 50 por ciento de las extorsiones telefónicas salen de un penal.

Un bloqueador de señal celular cuesta hasta 11 mil pesos en Mercado Libre, con alcance de 15 metros a la redonda.