BUFADORA

El resultado de la consulta realizada en Mexicali el pasado fin de semana establece en un precedente en Baja California, y si los grupos que promovieron la cancelación de la empresa cervecera son congruentes, en el sentido de que debe privilegiarse el derecho humano respecto al uso y destino de las fuentes de agua, entonces la lucha que viene es exigir que en el Valle de Mexicali no se prosiga derrochando millones de metros cúbicos de agua en métodos de riego anacrónicos y en cultivos que no son apropiados para una región como la nuestra.

Y de paso que esa agua que ya no será para la cervecera la manden a Ensenada, porque la cuota establecida jamás la han enviado a este municipio por falta de infraestructura. Ya veremos si de verdad hay tanto amor por Ensenada.

Perversidad viral
Las “benditas redes sociales” no sólo permiten conocer en tiempo real el sentir y grado de información precisa de una gran cantidad de personas respecto a ciertos temas, sino que también son una plataforma para difundir de forma perversa muchas mentiras, que emanan de grupos que añoran el poder perdido.

Por ejemplo, hay quienes insisten en que se declare de inmediato un toque de queda, que se prohíban todas las actividades comerciales, que se cierren las fronteras, los aeropuertos y que el gobierno también baje la cortina para evitar la propagación del Covid 19. ¿Por qué los ahora expertos en pandemias no hacen una propuesta para ayudar a todas las familias mexicanas que se sostienen de la economía informal, que son millones y que viven al día?

Los que más insisten en que se declare una cuarentena total con seguridad ya tienen resuelto su abasto alimenticio y energético, pero se trata de una minoría que puede expresarse en las redes sociales durante las 24 horas del día. ¿Cuántos ensenadenses puedan darse el lujo de encerrarse en sus casas a lo largo de 30 días?

Ante esta contingencia es fundamental que se pronuncien los grandes terratenientes urbanos, para que nos digan si durante la presente contingencia dejarán de cobrar rentas, al igual que las grandes empresas, en especial las prestadoras de servicios.

La actual coyuntura es una prueba de fuego para todos, para gobiernos, partidos políticos, empresarios, asociaciones civiles, sindicatos, académicos y profesionistas. En los siguientes días vamos a comprobar si los mexicanos únicamente son solidarios cuando ya ocurrió la desgracia.

Hasta el momento no se escucha un gesto altruista por parte de los grandes consorcios, tampoco ningún partido ha renunciado al financiamiento público, ni los magistrados ni consejeros electorales -los mejor pagados del país y del mundo- donan parte de sus jugosas prerrogativas. Lo que alarma es que están viendo la tormenta que se avecina y se mantienen como espectadores, al margen, indiferentes.

Terror a la transparencia
Las organizaciones de transportistas urbanos de pasajeros en Baja California se oponen a transparentar su padrón de socios, y también rechazan que sea el Gobierno del Estado el que regule su actividad, porque están acostumbrados a que sean los regidores de cada Ayuntamiento los que continúen aprobando las concesiones, a pesar de la descarada corrupción que prevaleció en los anteriores gobiernos municipales, cuyos cabildos de última hora autorizaban cientos de placas.

Ayer los transportistas realizaron una manifestación en las cinco ciudades de la entidad, mientras en Tijuana sus dirigentes sostenían una reunión con el gobernador Jaime Bonilla Valdez, encuentro que se transmitió en vivo a través de la red social del mandatario estatal, quien de forma tajante les volvió a informar que de aquí en adelante será el Estado y no los cabildos los que establezcan las normas en materia de transporte público de personas, para evitar que en la última sesión de su gestión los ediles otorguen una enorme cantidad de permisos.

Durante la reunión fue evidente que los transportistas pretenden que las cosas no cambien, que se prohíba Uber, que nadie les pida cuentas, que no se difunda cuántas placas de taxi poseen un puñado de “líderes”, entre ellos algunos ex funcionarios y representantes populares. La cuestión es que todo siga igual, que desaparezca la competencia, que no exista un organismo diferente y eficiente que los obligue a modernizarse y prestar un servicio de calidad.

¿Cuándo entenderán que el usuario tiene todo el derecho a determinar cuál servicio le parece más adecuado?, ¿por qué no les preguntan a los ciudadanos ahora que están muy de moda las consultas? Así como se sometió a plebiscito si la población quería una compañía cervecera en el valle de Mexicali, no sería mala idea promover un ejercicio similar para que la gente diga si deben cancelarse o ratificarse las concesiones al transporte.