BUFADORA

Además de la pandemia ocasionada por la propagación del COVID 19, el planeta y los mexicanos padecen la pandemia económica y en Baja California también comenzó la fiebre del poder, cuyos protagonistas son los representantes populares y funcionarios de los tres órdenes de gobierno, quienes buscan reelegirse, ser candidatos o permanecer en sus cargos, pero todos recurren a promoverse en las redes sociales, donde se ostentan como los servidores públicos más comprometidos y eficientes del mundo mundial; sin embargo, también ya se observan brotes de guerra sucia, fuego amigo, campañas negras y difusión de los “resbalones” que cometen los suspirantes, desde asistir a convivios, organizar fiestas o expresas comentarios políticamente incorrectos. Nadie se salva.

PRI sin memoria
Desde que perdió el poder, la militancia que queda en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) exige como oposición lo que jamás hizo cuando gobernaba, porque de haberlo realizado las condiciones del país serían mejores, y ahora pretenden impulsar iniciativas fiscales que siempre bloquearon.

Resulta que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, propuso reformar los artículos 2 y 6 de la Ley de Coordinación Fiscal para canalizar a estados y municipios una mayor cantidad de recursos públicos.

En la actualidad, señaló, 80 por ciento de los recursos son controlados por la Federación, mientras que el restante 20 por ciento es distribuido entre las 32 entidades y los más de 2 mil 400 municipios del país.

Moreno indicó que ante esas cifras, es necesario modificar los pre-criterios del Presupuesto de Egresos 2021, con el fin de canalizarlo a los millones de mexicanos que se encuentran en una situación económica complicada como consecuencia de la crisis sanitaria.

“El PRI propone trabajar ya en la Cámara de Diputados en una reforma a los artículos 2 y 6 de la Ley de Coordinación Fiscal para que estados y municipios reciban directamente más recursos de la Federación”, señaló en un video difundido en redes sociales.

El dirigente priista pidió también crear un fondo de desempleo para quienes se han visto afectados por la contingencia y poner en marcha medidas para hacer realidad la seguridad médica universal.

Reformas anticrisis
El presidente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, propuso cinco reformas constitucionales como punto de partida de un Acuerdo de Unidad y Solidaridad Nacional para superar los efectos de la crisis sanitaria.

La magnitud de la emergencia económica y de salud, señaló, demanda también modificaciones fundamentales al actual sistema jurídico.

Indicó que la propuesta tiene fundamento en diversos análisis elaborados por Morena y especialistas sobre la realidad política, social y económica del país.

El morenista subrayó la necesidad de que el Estado de Bienestar quede plasmado en la Carta Magna, señalando los sistemas de protección universales que deben derivar del mandato constitucional, y que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía tenga la facultad constitucional de medir la concentración de riqueza en el país.

Asimismo, sobre la progresividad fiscal, planteó que todos los mexicanos contribuyan al gasto y al financiamiento del Estado de Bienestar, que sólo será realidad cuando paguen más los que más tienen, y propuso la creación de un Consejo Fiscal o un organismo con autonomía y profesionalismo dependiente del Congreso de la Unión, cuya actividad principal sea medir y evaluar la calidad de los ingresos y los gastos del Estado mexicano.

Por último, propuso una reforma constitucional que otorgue más facultades a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), para acabar con la concentración y el poder que tienen algunas empresas en una importante cantidad de mercados, lo que se ha convertido, señaló, en una fuente de desigualdad social y económica.

Piden castigo
Por un supuesto fraude al fisco de mil 82 millones de pesos, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez federal ordenar las aprehensiones de Rafael y Teófilo Zaga Tawil, acusados de recibir una fraudulenta indemnización del Infonavit, vía su empresa Telra.

La subprocuraduría de Delitos Federales hizo la solicitud el pasado viernes ante un juez de control del Reclusorio Norte, cuatro días después de que los Zaga enviaran una carta a los fiscales Alan García Galeana y Joel Vite Arellano, responsables de la investigación, advirtiéndoles que la imputación carecía de fundamento legal.

A nivel ministerial, es probablemente el caso que con mayor velocidad ha integrado y concluido la FGR, pues la Unidad de Inteligencia Financiera presentó la querella el 30 de marzo y la Fiscalía terminó su investigación el 30 de abril.

Los Zaga Tawil denunciaron que el Fiscal Alejandro Gertz, los amenazó el pasado 10 de octubre con perseguirlos con toda la fuerza del Estado si no devolvían los 4 mil 800 millones de pesos que su empresa Telra recibió como indemnización del Infonavit por un programa cancelado en 2017.