BUFADORA

El país está de luto por el fallecimiento de Frank J. Devlyn Mortensen, patriarca de las famosas Ópticas Devlyn, y uno de los dos mexicanos que ha sido presidente mundial de Rotary, y aunque era oriundo de Ciudad Juárez aquí en Ensenada se ganó el respeto y cariño de muchos. Descanse en paz.

Fatiga en médicos
El director general del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez, comunicó a los gobernadores que su mayor preocupación en esta etapa de la pandemia es la fatiga que experimenta parte del personal médico.

“Tenemos dificultades, sí, particularmente en el tema del personal. Yo honestamente les puedo decir que me preocupa mucho el tema que está relacionado con el cansancio de médicos. Tenemos ya un grupo de médicos en varios estados de la república -que es poco- que está teniendo dificultades de agotamiento físico, que es normal”, planteó.

Ramírez Pineda dijo además que en Oaxaca y Sinaloa y en algunos otros estados el personal médico está resintiendo contagios y eso ha mermado la atención a los pacientes.

“Y eso nos está generando un problema porque, cuando conseguimos ventiladores, por ejemplo, no es fácil ponerlos a trabajar si no tenemos el equipo especializado”, aclaró.

El director explicó que el ISSSTE había entrado en contacto con el Insabi y la Secretaría de Salud para determinar si el Instituto podía colaborar en el uso de los ventiladores.

Afectará a jóvenes
Los jóvenes menores de 29 años serán el sector laboral más afectado por la crisis económica provocada por el Covid-19, con consecuencias que puedan durar hasta 10 años, alertó el especialista del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) David Kaplan.

El especialista dijo que con una disminución del 4.2 por ciento entre mayo de 2019 y de 2010, la reducción de los empleos ya igualó el nivel de 2009, por lo que recomendó contener los efectos mediante el subsidio al salario y a las cuotas patronales del IMSS, así como aumentar el seguro del desempleo.

Dijo además que el Servicio Nacional de Empleo será muy importante para relacionar a los trabajadores con los centros de trabajo y que se deben de fortalecer programas de capacitación como el de “Jóvenes Construyendo el Futuro”, que beca a jóvenes que no estudian ni trabajan, aunque indicó que se deberían de tener más datos sobre el nivel de contrataciones formales que se logran tras el año de capacitación.

“No debemos esperar 7 ó 10 años para que los indicadores laborales regresen a sus niveles de 2018 o 2019”, planteó.

“De abril de 2019 a abril de 2020 el empleo formal de trabajadores de hasta 29 años cayó en 6 por ciento. Son los jóvenes que están sufriendo más que otros grupos de edad”, sostuvo.

Señaló también que la tasa de contrataciones cayó del 7 por ciento en 2019 al 4.2 en este año.

Con estadísticas laborales de 1998 a 2019, explicó que tras la crisis de 2009, las contrataciones se redujeron hasta el 6 por ciento y que pasaron casi 10 años para que volvieran a estar en el nivel de 2008.

“Desde el punto de vista de una persona fuera del mercado laboral formal, la crisis de 2009 no fue una crisis de un año”, expresó.

Invalidarán “muerte civil”
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) perfila invalidar el castigo de inhabilitación perpetua para funcionarios, empresas o particulares que participen en actos de corrupción al contratar con el gobierno, también conocida como “muerte civil”.

El ministro Alberto Pérez Dayán propuso a sus colegas anular una reforma vigente en Jalisco desde mayo de 2019, que por primera vez estableció este castigo en el país.

Sin embargo, la votación quedó aplazada, luego de que el resto de los ministros rechazó la metodología planteada por Pérez Dayán para abordar el tema, ya que proponía abandonar criterios que la Primera Sala de la Corte ha fijado desde hace años sobre proporcionalidad de las penas.

Pérez Dayán presentará un nuevo proyecto en fecha por definir, pero todos los ministros que adelantaron su criterio sobre el fondo del tema, consideraron que la sanción vitalicia es inconstitucional.

A nivel federal, el Senado aprobó el 21 de marzo de 2019 una reforma similar para crear la inhabilitación “definitiva”, que aplicaría en casos graves a todos los niveles de gobierno, pendiente de ratificar por la Cámara de Diputados.

Pérez Dayán propuso la invalidez por dos razones distintas, una para la sanción penal, que sólo es para servidores públicos culpables de algún delito de corrupción, y otra para la administrativa, que también aplica a particulares.

Sobre la primera, el proyecto considera que la inhabilitación vitalicia es una pena trascendente de las que prohíbe el artículo 22 de la Constitución, pues mantiene la sanción al convicto incluso tras salir de prisión, lo que también atenta contra los principios de reinserción social del 18 de la Carta Magna.