BUFADORA

Los números del Covid-19 no son alentadores en la mayor parte del mundo y menos en el continente americano, donde nuestro vecino -Estados Unidos- supera los 100 mil fallecimientos, mientras que en Baja California, concretamente en Mexicali y Ensenada, también crece la cantidad de contagios y decesos.

El repunte de casos positivos se debió a que la gente decidió celebrar el 10 de mayo, a pesar de los reiterados exhortos a no realizar fiestas, recibir visitas o acudir a casas de familiares o amigos. Y 14 días después, tal y como lo habían advertido las autoridades médicas, estamos pagando las consecuencias del relajamiento social.

Hay voces que le exigen al gobierno implementar el toque de queda y aplicar medidas coercitivas para quienes no atienden el llamado de quedarse en casa y mantener la sana distancia, sin embargo, otros apelan a que se respeten las garantías individuales plasmadas en la Constitución; mientras que algunos sostienen que la pandemia es un invento del capitalismo depredador, y que a través de los medios masivos de información se propagó el miedo para controlar a las masas, establecer un nuevo orden económico bajo la batuta de consorcios empresariales y minorías políticas.

Así que entre la solicitud de aplicar el garrote y militarizar las acciones de contención del Covid-19 o apegarse al Estado de Derecho, pasando por las teorías de la conspiración, la realidad indica que el sistema de salud pública del planeta no puede enfrentar con éxito la pandemia, y en lo que toca a nuestro país es evidente que con tantos millones de mexicanos en condiciones de pobreza es imposible quedarse en casa, porque el grueso de las familias vive al día, no dispone de un fondo de contingencia y sus escasos ingresos dependen de actividades enmarcadas en la economía informal.

En Ensenada, Baja California y México, los únicos que se pueden dar el lujo de resguardarse en sus hogares son, salvo muy escasas y honrosas excepciones, nuestros representantes populares (regidores, diputados, senadores), magistrados del Poder Judicial, buena parte de la burocracia sindicalizada y los integrantes del magisterio, dado que el resto de la sociedad no goza de prestaciones ni subsidios.

A casi 80 días de que se pusieron en marcha las acciones para reducir la propagación del coronavirus y de que se suspendieron las clases y las actividades comerciales y productivas no esenciales, la economía familiar no soporta más encierro.

La “nueva normalidad” todavía no se entiende ni se quiere aceptar, y prueba de ello es la resistencia de las personas a convertir en rutina las prácticas de higiene y de distanciamiento. Como el “enemigo” es invisible pocos creen que te puede quitar la vida en 14 días.

Y como esto va para largo, deberíamos promover formas de convivencia con mayor sentido comunitario, porque desde ahora hay muchas familias que requieren de manera urgente ayuda, toda vez que obtenían su sustento de trabajos vinculados al turismo, gastronomía y prestación de servicios, sectores que van tardar bastante en reactivarse.

En esta coyuntura vamos a ver de qué madera son los que presumen de liderazgo, vocación de servicio y altruismo desde el gobierno y el sector privado. ¿O usted ha visto por su colonia a algún regidor, diputado o senador donando parte de su salario para crear un fondo de ayuda?

Los miserables
En México formar parte de un partido de oposición es una chulada, porque te pagan con dinero público por criticar lo que hace mal el gobierno, y en Baja California tenemos una privilegiada clase política que se da vida de millonarios desde hace 30 años sin necesidad de ganar en las elecciones. Con alcanzar el tres por ciento de los votos emitidos es suficiente para recibir presupuesto y tener derecho a cargos de representación proporcional. No obstante, este grupo de mantenidos ha guardado silencio en esta pandemia, porque se niegan a renunciar el financiamiento público que se les asigna anualmente para que se oriente, por ejemplo, a mejorar el sector salud; pero a nivel estatal el gobernador Jaime Bonilla Valdez y la bancada de Morena en el Congreso del Estado, presentaron sendas iniciativas para reducir al 50 por ciento el dinero que se entrega a las fuerzas políticas con registro en Baja California, lo que significa bastantes millones.

Al respecto, no se advierte, salvo el obvio rechazo del PRI, PAN y PRD, que alguien en su sano juicio se oponga a tal propuesta. Pero ojalá y no sólo quede en eso, sino que aprovechen para eliminar las diputaciones de lista, esas que se otorgan por dedazo y sin necesidad de sudar la camiseta en las campañas. Ya las había desaparecido el PAN durante el sexenio de Ernesto Ruffo Appel, pero las revivieron después cuando comenzaron a negociar en lo oscurito con panistas y perredistas.