BUFADORA

Ni la pandemia generada por el nuevo coronavirus ha frenado los casos de homicidio doloso en el país.

En el primer semestre de este año, las víctimas por este delito tuvieron un incremento de 3 por ciento, respecto al mismo periodo de 2019, pasando de 14 mil 210 personas asesinadas a 14 mil 641, según cifras oficiales.

De acuerdo con el reporte diario del Grupo Interinstitucional sobre los homicidios dolosos, generados por un equipo interdisciplinario constituido por la Secretarías de Seguridad Pública, de la Defensa Nacional, de Marina y la Fiscalía General de la República, tan sólo en el último día de junio se contabilizaron 73 homicidios intencionales.

De estos, 10 se reportaron en Guanajuato y ocho en Chihuahua.

En total, junio cerró con 2 mil 413 asesinatos, con un promedio de 80.4 crímenes al día. No obstante, en este semestre el mes más violento fue marzo, en el que se contabilizaron 2 mil 585 víctimas por homicidio doloso.

En cuanto a tasas de homicidio doloso por cada 100 mil habitantes, Colima encabeza la lista con 34.13, seguido de Baja California, con 28,67; Chihuahua, con 25.57, y Guanajuato, con 22.56.

En un reporte de la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana, (SSPC), se establece que en números absolutos, Guanajuato, Jalisco, Baja California, el estado de México, Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Veracruz, la Ciudad de México, Sonora, Puebla y Oaxaca, repuntan en este delito.

Camina investigación
Continúan las indagatorias para deslindar responsabilidades en el tema de Eduardo Vega Zamora, quien decidió separarse de su cargo al frente de la Dirección de Bienestar Municipal, por un señalamiento que supuestamente lo involucraba en actos sobre uso indebido de recursos destinados para becas; sin embargo, hasta el día de hoy, según información extraoficial, la Sindicatura Municipal -que se ha metido a fondo en el tema-, no ha encontrado absolutamente nada, y tal parece que en el camino de la grilla buscan golpear en la ruta a las elecciones de 2021, pero en este caso, aparentemente, sólo encuentran rumores, chismes, y dimes y diretes; de todas formas habrá que esperar la información oficial.

Van contra abogados
En su persecución contra las factureras, el gobierno federal no sólo va contra las empresas que venden o compran documentos falsos, sino también contra los despachos contables y de abogados que participan la defraudación al fisco.

Así lo informó el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer.

“No se va a dejar a nadie impune, si se encuentra que vendieron las facturas o sabiendo que había un ilícito compraron estas facturas”, dijo.

“Tanto despachos contables como despachos de abogados que se dedicaron a esta actividad y van a ser denunciados”.

El funcionario federal recordó que el titular del Ejecutivo instruyó al Sistema de Administración Tributaria (SAT) y a la Procuraduría Fiscal a revisar compañías privadas para determinar cuáles están relacionadas con empresas que se dedican a la facturación falsa, lo que también contempla a los despachos que participan en esta actividad ilegal.

Scherer explicó que, en el caso de las personas involucradas en la compra de facturas falsas, pueden acudir a las instalaciones del SAT, de manera voluntaria, para regularizar su situación, pagar los impuestos que deben y evitar sanciones.

Exigen estímulo fiscal
La Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola (Canainpesca) urgió a la Cámara de Diputados a reestablecer el estímulo fiscal para el diésel marino y gasolina ribereña.

Durante una reunión virtual con integrantes de la Comisión de Pesca de San Lázaro, Humberto Becerra Batista, dirigente de Canainpesca, planteó el impacto negativo que tendrá la eliminación del subsidio por parte de la Secretaría de Hacienda (SHCP).

Explicó que en 2016 se otorgó a los pesqueros un estímulo fiscal del 100 por ciento aplicable al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) para el energético, pero en mayo pasado la SHCP decidió retirarlo.

“En los razonamientos que da (la dependencia) es que el mecanismo actual del estímulo fiscal para el diésel marino y la gasolina ribereña es ineficiente y que sólo beneficia a las unidades de producción de acuerdo a su tamaño y que el apoyo no va directo al pescador. Eso me habla del poco conocimiento que tiene la Secretaría de Hacienda sobre nuestra actividad”, expuso.

El representante del sector pidió reconsiderar la medida y restablecer el apoyo para que la pesca se reconozca como un sector vital para generar alimentos y empleos.

En su intervención, el presidente de la Comisión, el morenista Eulalio Juan Ríos Fararoni, señaló la necesidad valorar el potencial que tiene el sector y trabajar en consenso para lograr acuerdos ante la difícil situación económica que se vislumbra.