DESDE EL VIGÍA

Educación y libertad

Por Editorial El Vigía
viernes, 31 de julio de 2020 · 00:00

Uno de los grandes valores que se derivan de la educación es la libertad.

Libertad para pensar, para actuar, para tomar nuestras propias decisiones, para expresar nuestras ideas, estudiar lo que a nuestra vocación y futuro convenga y ser actores de nuestra propia vida y la convivencia en comunidad y democracia.

Por qué entonces los legisladores, que se suponen deben responder a la idiosincrasia y necesidades de la población, tratan de imponer su criterio, forma de pensar o tal vez el producto de su ignorancia, sobre lo que debe ser una comunidad que convive en armonía en el marco de las leyes que delimitan nuestros derechos y obligaciones.

El próximo lunes los diputados del Congreso del Estado pretenden aprobar la nueva Ley de Educación del Estado que organismos de la sociedad civil consideran, atenta contra los derechos humanos y libertades de las personas e instituciones particulares de educación.

La nueva Ley trata de imponer limitaciones a los padres de familia para decidir sobre las características de la educación, conocimientos y valores afines a sus convicciones, que deban tener las escuelas a donde estudien sus hijos.

Quieren prohibir a los colegios particulares decidir el tipo de uniforme, logos y distintivos con los que se identifican.

La iniciativa pretende imponer restricciones a libros, autores y útiles escolares e influir en el enfoque u orientación diferenciada a la ideología, valores y proyecto de vida que los padres y sus hijos, lo que afectaría sus derechos humanos y el ejercicio de su libertad.

Organismos de la sociedad civil como el Consejo Estatal de Participación Social en Educación, denuncian que los legisladores estatales han llegado al extremo de entrometerse en el manejo interno de las escuelas particulares al tratar de prohibir a maestros, que allí trabajan, a recibir alguna beca de estudios para sus hijos y familiares.

Ese solo hecho constituye un acto claro de discriminación hacia maestros y personal que labora en los colegios particulares al negarles la oportunidad de recibir un beneficio.

Le nueva iniciativa incurre en excesos respecto a la proporcionalidad de las sanciones para las escuelas que incumplan algunos lineamientos al imponer multas de más de 2.5 millones de pesos.

Los “representantes populares” tratan de acotar la participación de la sociedad civil organizada en el Consejo Estatal de Participación Social en Educación al imponer una mayoría de consejeros gubernamentales y sindicales, por encima de los representantes de la sociedad.

Pero los organismos de la sociedad civil se equivocan, al respaldar a las instituciones privadas de educación en sus prácticas de retener algún documento a los alumnos, cuando sus padres no pueden pagar las colegiaturas, porque afectan y dejan en la indefensión a inocentes que no tienen control de la situación.

También eso se tiene que considerar en esta discusión.
 

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