DESDE EL VIGÍA

Confusión y violencia

Por Editorial El Vigía
jueves, 17 de septiembre de 2020 · 00:00

A partir del 2016 los índices de crímenes de alto impacto se han venido disparando a niveles extraordinariamente altos hasta llegar a un promedio de 1.3 diarios durante el último mes, situación que preocupa a la ciudadanía, particularmente a los sectores económicos por el efecto negativo que pudieran tener en la inversión y el turismo.

A nivel ciudadano no se entiende que la seguridad pública, la prevención, persecución y castigo de los delitos, es de competencias diferentes.

Primero está la policía municipal cuya presencia es persuasiva y disuasiva de los delitos comunes, aquellos como el robo a casas habitación, a vehículos, de vehículos, asaltos a transeúntes con o sin violencia, allanamientos, agresiones en la vía pública, riñas, asaltos bancarios o robo a negocios, entre otros.

Es cierto que la policía municipal tiene facultades para intervenir en aquellos delitos del orden federal como la venta de droga al menudeo –narcomenudeo- o en aquellos casos en los que en el desempeño de sus tareas rutinarias descubren algún cargamento de droga o detienen en flagrancia a algún delincuente del orden federal.

Pero, hay que ser objetivos, la policía municipal no está para investigar ni perseguir delitos, su misión es preventiva, disuasiva y de mantenimiento del orden público, sin menoscabo de cuidar la integridad física de los habitantes de la comunidad a la que sirve.

El trabajo preventivo y de combate de los delitos federales, corresponde a la Guardia Nacional y de manera emergente a las fuerzas armadas del ejército y la marina, comisionadas temporalmente a estas tareas debido a la debilidad de las corporaciones civiles municipal, estatal y federal.

Perseguir e investigar los delitos es otra cosa, eso le corresponde al Ministerio Públicos estatal y federal y a las policías adscritas a las fiscalías en esos dos órdenes de gobierno ya sean agentes ministeriales o cualquier otro nombre que se les quiera dar.

Son ellos quienes a partir de la comisión de un delito deben investigar, reunir pruebas, esclarecer y turnar mediante los procedimientos establecidos en la Ley, a la autoridad judicial correspondiente del Poder Judicial local o federal, quienes respetando el principio de inocencia y siguiendo el debido proceso, deberán aplicar el castigo que corresponda o en su caso, liberal al indiciado.

No es fácil que la gran mayoría de la gente entienda todo el entramado policial, ministerial y judicial y simplemente –y con justa razón- señala a las policías de no dar los resultados esperados.

Por ello es bien importante, primero, que los gobiernos llevan a cabo una gran campaña de información para que los ciudadanos de a pie, puedan discernir sobre a quién y qué le toca a cada instancia policial, ministerial o judicial, en la prevención, protección, procuración y administración de justicia.

Porque a veces pareciera, que la confusión le conviene a alguien para escudar ineficacias.

Mientras, el crimen sigue creciendo.
 

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