Compra de votos

Hace 19 años, cuando el panista Jorge Antonio Catalán Sosa (qepd) comenzaba su gestión como presidente municipal de Ensenada, todos los regidores que integraban el Cabildo de aquel entonces -los de su partido y de la oposición-, exigieron que mensualmente se les asignara una partida presupuestal adicional a su salario, para llevar a cabo acciones de gestión social.

Su argumento era que tenían que poner de su dinero para apoyar a la gente que les solicitaba ayuda inmediata por alguna emergencia, en virtud de que los procedimientos de las dependencias públicas de asistencia social eran muy lentos.

Sin embargo, en el fondo se trataba de una compra de votos, pues cada edil pedía algo a cambio para respaldar las iniciativas del alcalde, al grado que cada sesión de Cabildo se convirtió en lo que en aquel tiempo El Vigía, llamó pago por evento.

En esa época los diputados del Congreso del Estado hicieron lo mismo, pero ellos se asignaron un monto mayor para “ayudar al pueblo”.

Y casi dos décadas después los regidores y legisladores conservan tales prerrogativas, y con dinero que no es suyo sino del erario, producto de los impuestos que pagan los ensenadenses.

Estos representantes populares disponen de decenas de miles de pesos cada 30 días para jugar al falso benefactor, pues ninguno rinde cuentas sobre el destino de esos recursos, a pesar de las peticiones de grupos organizados de la sociedad de que se elimine el fondo de apoyos sociales, concepto con el que disfrazaron el sobresueldo que se les entrega.

Así que esta lanita extra que se embolsan los munícipes sirve para financiar sus precampañas. Todos la aceptan y la gastan, incluso los que presumen de ser regidores sin partido o independientes, quienes al momento de cobrar se igualan con los que tanto critican, porque son muy buenos para reclamar transparencia en otras áreas de gobierno, pero ellos no ponen la muestra.

La función primordial de los regidores y diputados locales está muy clara en la ley, pero promovieron figuras jurídicas para justificar sus actividades de “gestión social”.

Por desgracia nos ha salido muy caro a los mexicanos retribuir la “vocación de servicio” de los funcionarios públicos electos o de designación, porque a pesar de las alternancias políticas y el cambio de partidos en el poder, permanecen estas abusivas prestaciones, las cuales ofenden la inteligencia y la decencia.

Al gobierno deben llegar los mejores hombres y mujeres; además, su comportamiento deber ser ejemplar, y constituirse como un referente positivo para la población.