De fiscales, salarios y derechos

Este año en nuestro Estado, precisamente en Tijuana empezara a funcionar la primer preparatoria militarizada la cual es promovida por la Fiscalía General del Estado de Baja California, lo cual por sí solo representa una loable labor en pro de la educación de la juventud baja californiana y más aún cuando se realiza a pesar de la austeridad republicana bajo la cual se conduce la administración estatal.

Sin embargo, hay un hecho que se pasa por alto y es precisamente las condiciones salariales actuales que devengan los fiscales del ministerio público y sus auxiliares quienes junto con peritos y policías integran a la Fiscalía General del Estado.

Ellos al igual que los integrantes de los cuerpos de seguridad pública y fuerzas armadas encuentran su regulación constitucional al amparo del artículo 123 apartado B fracción XIII el cual precisamente regula la relación entre los agentes del ministerio público y auxiliares con el Estado Mexicano, sin embargo, la Constitución ordena que deben de implementarse a favor de ellos sistemas complementarios de seguridad social lo que no sucede en nuestro Estado.

Actualmente un fiscal del ministerio público en nuestro Estado gana la cantidad aproximada de veinticuatro mil pesos mensuales mientras que un auxiliar viene recibiendo la cantidad de diecinueve mil pesos al mes aproximadamente sin contar los descuentos que se les practican mientras que sus viáticos son por la cantidad de ciento cincuenta pesos diarios cantidad con la cual tienen que sufragar transporte y alimentación para el caso de tener que trasladarse a diverso lugar en encomienda de su trabajo, salarios bajos para quienes ejercen las labores de investigación de los delitos además de ocuparse de llevar sus casos antes los jueces del estado.

Los fiscales y sus auxiliares integrantes de la Fiscalía Estatal, la misma que promueve la educación semi militarizada como se ha mencionado; no tienen derecho a una jubilación mucho menos tienen derecho sus viudas, viudos, concubinas, concubinos e hijos a recibir una pensión por concepto de viudez u orfandad derivadas de un riesgo de trabajo ni pensar que tengan derecho a créditos de vivienda, es decir las condiciones laborales administrativas no son las más adecuadas a pesar de la gran complejidad de la labor que ellos desarrollan , esto a pesar de la norma constitucional.

En efecto la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, la Ley del Servicio Civil del Estado e inclusive la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y sus respectivos reglamentos son omisas en otorgar los beneficios a los cuales tienen derecho a acceder los integrantes de este órgano de investigación y persecución de delitos, garante de la legalidad y del Estado de Derecho, por lo cual urge un reforma legal en todos estos ordenamientos que les garantice precisamente los beneficios que se les ha venido negando a través del tiempo.

Por ello es de suma importancia mejorar las condiciones salariales de los fiscales y de sus auxiliares, además que es una cuestión de justicia social el que tengan derecho a una jubilación justa y proporcional a sus servicios prestados al Estado y también resulta primordial y necesario a que sus familiares tengan derecho a pensiones en caso de fallecimiento de estos, ya que a través del mejoramiento salarial y prestaciones de seguridad social e inclusive de vivienda es más factible realizar y concretar un servicio profesional de carrera y disminuye también la probabilidad de casos de corrupción entre sus integrantes lo que a su vez se traduciría en elementos más comprometidos con su labor y servicio a la sociedad baja californiana.

*Maestro en Juicios Orales, abogado postulante

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