BUFADORA

Cinco hombres cercanos a Gerardo Sosa Castelán, ex presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), actualmente preso, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero, figuran como propietarios de terrenos y avecindados en la exclusiva región vitivinícola del Valle de Guadalupe, tema que durante el pasado fin de semana abordaron medios de información nacionales como el periódico Reforma y el semanario Proceso.

 Desde el 16 de diciembre de 2018, el representante legal del propio Sosa Castelán comenzó las gestiones ante la asamblea ejidal para que el hijo de éste, Gerardo Sosa Cravioto -asesinado en febrero de 2019- y el grupo cercano al ex presidente del Patronato, obtuvieran un estatus de “avecindados” en el ejido Zapata-Francisco Zarco.

Se trata de una privilegiada zona en la Ruta del Vino, con alta plusvalía, sobre el kilómetro 70, de la carretera Tecate-Ensenada, donde también se localizan las empresas vitivinícolas de L.A Cetto, Casa Pedro Domecq, Bruma y Viñedos La Reyna.

La lista de propietarios de tierras ejidales ante el Registro Agrario Nacional (RAN) incluyen a Daniel Alberto Sánchez Cabrera, ex director de la Escuela Preparatoria Número Uno de la UAEH, con dos certificados parcelarios.

Así como Marco Antonio Ortiz Salas, secretario general de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas, Asociación Civil (Coduc) con cuatro certificados; Francisco Segoviano Trujillo, secretario de esa asociación, y Héctor Lara Soria, ex funcionario federal de Baja California, con un certificado cada uno.

En tanto, Humberto Augusto Veras Godoy, ex rector de la UAEH entre 2010 y 2016, y ex diputado local de Morena en Hidalgo para el periodo 2018-2021, fue reconocido como “avecindado” del ejido desde el 11 de febrero de 2019, de acuerdo con una carta firmada por el Comisariado Ejidal.

El 15 de junio de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de Veras Godoy, precandidato a la Alcaldía de Pachuca, por presunción de lavado de dinero.

Los nuevos propietarios también están reconocidos como “avecindados” del ejido Zapata-Francisco Zarco, como demuestran copias de las actas de Asamblea del ejido del 11 y 24 de febrero de 2019, certificadas ante el RAN.

Con esta acción, el grupo puede obtener derechos ejidales del núcleo de población, hacer propuestas sobre el poblado, servicios públicos y los trabajos comunitarios del asentamiento, según detalla la Ley Agraria.

Gerardo Sosa Castelán fue detenido el 31 de agosto –hace una semana- en la Ciudad de México para enfrentar cargos por los delitos de peculado, lavado de dinero y defraudación fiscal.

En febrero la UIF bloqueó 224 cuentas bancarias de la universidad, por operaciones financieras sospechosas, luego de detectar depósitos que recibió desde Suiza por un total de 151 millones de dólares.



La transacción
El periódico Reforma publicó el pasado 11 de noviembre de 2019 que el entonces titular del RAN y ex Secretario General de la Coduc en Baja California, el ejidatario Eduardo Cota Osuna, acaparaba nueve derechos agrarios, violando el Artículo 27 de la Constitución y la Ley Agraria Nacional.

 En una carta de contestación al artículo de Reforma el 11 de noviembre, Cota Osuna indicó que había conseguido “financiamiento de gobierno y capital privado” para adquirir –fuera de la Ley- siete derechos agrarios adicionales a los dos que ya poseía como “nativo del Valle de Guadalupe”.

El 4 de diciembre de 2019, la mayoría de los derechos agrarios sobre alrededor de mil 300 hectáreas, con la numeración 17665 y 17666, en parcelas del ejido Zapata-Francisco Zarco, fueron cedidas por Cota Osuna a los cinco hombres cercanos a Sosa Castelán, demuestran datos del RAN.

En la actualidad, Cota Osuna es titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en Baja California.

En un comunicado del 2 de julio de 2015, la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) dio a conocer que firmaba un convenio de colaboración académica con la UAEH, y anunció que Cota Osuna donaba 50 hectáreas del Valle de Guadalupe a la UAEH.

“Al concluir esta firma, las autoridades de la universidad hidalguense se trasladaron a una sala contigua de la Vicerrectoría (de UABC), para firmar el acta de donación de un predio de 50 hectáreas con el líder campesino, Eduardo Cota”, detalla el comunicado.

“La UABC únicamente facilitó las instalaciones para la realización de esta gestión, entre la UAEH y los ejidatarios”, precisó.

En julio de 2015, Cota Osuna dijo a los medios locales, 4vientos.net y elvigia.net, que la UAEH invertiría 300 millones de pesos en la construcción de un Centro de Investigación de Enología en el Valle de Guadalupe.

Sin embargo, en el ejido no existe ningún centro de investigación, pero sí se hizo un camino de terracería para llegar a la cima de un cerro, así como un restaurante y una aparente cava subterránea, que Cota defendió en la misma carta enviada a Reforma.

“El tema del restaurante y cava estamos en el proceso de concluirlo, sólo que no tenemos tanto dinero como los fifís (sic) del vino, somos ejidatarios campesinos queriendo sobrevivir entre tiburones”, escribió.

La infraestructura se localiza sobre derechos agrícolas en co-propiedad ejidal, aún no hay subdivisión de particulares.

La página 107 del Ordenamiento Ecológico del Corredor San Antonio de las Minas-Valle de Guadalupe prohíbe más caminos sin permiso del Ayuntamiento.

“No se permite el desarrollo de nuevos caminos, excepto los que permitan la integración de la región, de acuerdo a los planes de desarrollo vigentes, y cuya apertura debe estar autorizada por la autoridad competente’’, explica el documento.

Reforma requirió los permisos municipales del restaurante al área de comunicación del Ayuntamiento de Ensenada, y al regidor Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Diego Alejandro Lara Arregui, pero hasta el viernes 4 de septiembre ninguno contestó la petición.