DESDE EL VIGÍA

Una de cal…

Por Editorial El Vigía
martes, 8 de septiembre de 2020 · 00:16

A pesar de que el proyecto de sentencia elaborado por la magistrada inicialista, Norma Lucía Piña Hernández, pretendía anular el Decreto 52 aprobado por el Congreso de Baja California, que determinó por cuestiones de ahorro retrasar tres meses el arranque del proceso electoral local a fin de que comience hasta diciembre próximo.

Resulta que seis de los once integrantes de la sala superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votaron en contra de la propuesta de Piña Hernández, por lo que se sostiene la reforma que llevaron a cabo los diputados de la entidad.

Lo anterior constituye, al fin, una victoria para la bancada de Morena y sus aliados en el Poder Legislativo, porque los partidos que impugnaron dicho cambio -PAN, PRD y Movimiento Ciudadano- ya se relamían los bigotes para festinar otra derrota en tribunales de Morena y por ende del gobernador Jaime Bonilla Valdez, quien promovió tal iniciativa.

Además, también se especuló que si la SCJN hubiera dado palo al cambio de fecha de inicio del proceso electoral en el estado, y que en lugar de diciembre fuera en este mes de septiembre -como sí ocurrió en el ámbito federal-, habría implicado echar por tierra otras dos reformas, como la desaparición de los diputados de lista y el recorte del 50 por ciento al financiamiento público que reciben los partidos políticos, dado que cualquier modificación a la legislación electoral se debe efectuar 90 días antes de que empiece la organización de las votaciones.

Sin embargo, los seis magistrados que rechazaron el proyecto de dictamen que buscaba tumbar las recientes reformas locales, establecen un buen precedente, en el sentido de que sí es posible tener comicios más baratos y preparados en menor tiempo, que por cierto es un clamor popular.

Cabe señalar que la resolución de la Corte permite a todas las fuerzas políticas en el estado, en especial para Morena, disponer de más semanas para resolver sus conflictos internos y evitar las prisas a la hora de postular candidatos y cumplir con los criterios de paridad de género.

También les viene como anillo al dedo a los partidos que tienen que reordenar sus finanzas luego del enorme golpe presupuestal que les asentó la bancada morenista y sus aliados al reducir el 50% de las prerrogativas estatales que aún no es votada por los Ayuntamientos, pero lo más probable es que pase esa aduana en unos días más.

Ojalá y la legislación que obra en favor de la buena política, la democracia y de la sociedad, tenga carácter institucional, porque la experiencia es que los partidos en el poder cambian lo que en su momento les conviene o con dedicatoria a personas, partidos o grupos, pero después cuando los efectos se le revierten al cambiar de posición, regresan al pasado.
 

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