Costo de la desconfianza

Afirmaba el prócer del periodismo en México, Francisco Zarco, que no existen los delitos de opinión, y que por lo tanto la libertad de expresión se debería respetar y garantizar en todos sus ámbitos.

Sin embargo, en nuestro país, debido a la desconfianza que priva entre quienes integran la clase política en todos los procesos electorales se busca que los gobernantes en turno guarden silencio y que no difundan ningún logro de su administración, salvo ciertas excepciones como los temas de salud y protección civil.

El problema es que la legislación electoral que prevalece en el país se sustenta en las prohibiciones y castigos, pero no en el fomento de los valores de la democracia, como el respeto, la tolerancia, el diálogo, la imparcialidad, reciprocidad, solidaridad e inclusión.

Cada vez que se aproximan las votaciones se paga un precio muy alto por la desconfianza que generan quienes buscar alcanzar el poder.

Es por eso que contamos con una ley plagada de costosos candados, porque cada restricción implica disponer de un aparato de fiscalización, que implica más burocracia.

Y en ese sentido el Instituto Nacional Electoral (INE) alista reglas para prohibir que funcionarios de todos los niveles, incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador, intervenga con sus declaraciones en el proceso electoral.

El presidente del organismo, Lorenzo Córdova, informó que el Tribunal Electoral les notificó la orden para que el consejo general se pronuncien sobre la “tutela inhibitoria” contra el primer mandatario, a fin de frenar sus constantes opiniones sobre el proceso.

Anunció el titular el INE que el tema será llevado al Consejo General para que se establezca, con toda claridad, cuáles son las reglas a los que se deben sujetar todos los funcionarios públicos.

Asimismo, recalcó que las transmisiones de las conferencias mañaneras deberán suspenderse durante los procesos electorales.

“Las mañaneras se asume que son un espacio no sólo de información sino de promoción de los logros de gobierno, y, por lo tanto, el criterio es que su transmisión íntegra es considerada como propaganda gubernamental.

“Eso quiere decir que, de acuerdo con nuestra legislación, que dice que la propaganda electoral se tiene que interrumpir desde que arrancan las campañas, a partir de principios de abril para las campañas en todo el país, y en algunos estados incluso antes, porque hay elección de gobernador y las campañas iniciarán antes, la trasmisión íntegra de las conferencias mañaneras deberá suspenderse”, destacó

Sin embargo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, indicó que dicha modalidad es novedosa, por lo que su aplicación debe pasar por el consejo general, no por una comisión, integrada por tres de 11 consejeros.