Derechos y privilegios

En México, y especialmente en Baja California, los burócratas y profesores sindicalizados representan un segmento social privilegiado por todas las prestaciones que reciben, y que cada vez se incrementan a pesar de las recurrentes crisis económicas que padece nuestro país, incluso en la presente pandemia que lleva más de 18 meses.

Y aunque el resto de la población civil -que con sus impuestos se pagan los salarios de los trabajadores basificados en la administración pública y el magisterio-, sólo permanecen como mudos espectadores más cada vez que se revisan los contratos colectivos en los tres órdenes de gobierno.

En el caso de esta entidad fronteriza los burócratas y maestros sindicalizados no se pueden quejar, pero la mayoría no asume ningún compromiso social, y prueba de ello es que la enseñanza y los servicios públicos no han mejorado. O será que sus sindicatos tienen otros datos.

Por ejemplo, los trabajadores petroleros se despacharon con la cuchara grande en la negociación contractual pactada con Pemex.

Luego de varios días de diálogo y ante el amago de paro, la empresa acordó con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) mayores recursos para alimentos, viáticos, ropa, servicios a familiares, viajes, prótesis, vivienda y transporte, en el Contrato Colectivo de Trabajo 2021-2023.

Sin embargo, estos apoyos no van en su totalidad al bolsillo de los trabajadores, pues una parte va a parar a la cúpula sindical y a los comisionados del gremio, según acusaron.

En la revisión del contrato, integrantes del sindicato presumieron ingresos por estos conceptos de hasta 10 mil pesos catorcenales por subsidios de gasolina y gas LP, no obstante, petroleros señalaron que buena parte es para sus líderes.

De acuerdo con el “Informe de los logros obtenidos en la revisión del CCT”, presentado a los sindicalizados, los trabajadores obtuvieron un aumento de 3.4 por ciento al salario, 5.5 por ciento a la canasta básica y la retención de 5.81 por ciento de cuotas a los trabajadores.

Además, el sindicato obtuvo un préstamo de 2.4 millones para vivienda, un rubro que había sido suspendido por austeridad.

La ayuda para fiestas patrias y escolares pasó de 4 mil 158 pesos por agremiado a 4 mil 399; los gastos funerarios, de 86 mil a 91 mil pesos, y la adquisición de prótesis auditivas se elevó de 6 mil 800 a 7 mil 250 pesos.

Además, la compensación por la pérdida de ropa, objetos de uso personal o implementos de seguridad o de trabajo se incrementa de 2 mil 613 a 2 mil 765 pesos.

Otros de los incrementos alcanzados son los apoyos para alimentación, y de transporte para los que residan fuera de la ciudad de trabajo, así como los viáticos para los comisionados fuera del país.

En el caso de Baja California, los dirigentes de los sindicatos de burócratas y del magisterio no transparentan sus ingresos, ni cuántos de sus trabajadores se encuentran asignados a supuestas tareas sindicales, y mucho menos reconocen que en ambos gremios prevalece el nepotismo.