Investigación científica y técnica para los productores rurales

La cuarta condición contenida en el artículo sexto de la ley agraria le impone al gobierno la obligación de promover la investigación científica y técnica y transferir sus resultados entre todos los productores rurales. Ello resulta de la mayor importancia para lograr un campo competitivo y eficiente en términos de producción, productividad y mercado, a propósito de la inmersión de México en buena cantidad de tratados comerciales con el mundo.

Tener una ruralidad moderna y a la altura de la globalización, se traduciría sin duda en incremento del nivel de bienestar de los ejidatarios, comuneros y sus familias.

Desde aproximadamente una década antes del inicio de la ley agraria, el gobierno federal creó el instituto nacional de investigación forestal, agrícola y pecuaria (INIFAP) con el propósito de dar respuesta a las demandas de conocimiento e innovaciones tecnológicas en beneficio del sector agrícola, pecuario y forestal y de la sociedad en general.

También, al igual que el INIFAP, sectorizado en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) se encuentra el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (INAPESCA), un órgano público descentralizado dedicado a la investigación pesquera y acuícola con cobertura nacional, el cual debe estar en permanente contacto con el sector pesquero y acuícola, sus problemas de desarrollo y administración.

Atento al imperativo sobre la investigación científica indicado en el artículo sexto de la ley agraria, estos organismos de estudio, al igual que muchas otras instituciones públicas con propósitos similares, deberían hacer llegar los resultados de las investigaciones a los productores rurales y pesqueros, para que el conocimiento no solamente quede en sus bibliotecas y archivos, sino se convierta en algo tangible que permita y fomente el desarrollo rural.

En descargo de este señalamiento, podría decirse que sí se difunde la investigación y el conocimiento obtenidos, sin embargo, ello no es suficiente. La transmisión debe ser con seguimiento y resultados en lo que producen ejidatarios y comuneros, en las parcelas y el mar, para que verdaderamente se cumplan los fines que se pregonan.

Responsable de hacerlo es la administración central federal, sin embargo en el presente mandato en lugar de incrementar o por lo menos sostener el nivel de investigación y trabajo de esas instituciones, se ha reducido sustancialmente su presupuesto, al grado que el INIFAP casi desaparece en el algunas regiones del país, con las consecuentes repercusiones negativas para el campo, incluidos a los pescadores ribereños, que la mayoría son campesinos.

Son instituciones muy valiosas con un enorme potencial desperdiciado. Es necesaria una muy fuerte llamada de atención al ejecutivo para que ordene la operación de estos organismos al máximo, no solamente para dar cumplimiento a lo que la ley le obliga, sino para generar rentabilidad al dar cumplimiento a las causas que dieron origen a su creación y convertir en círculo virtuoso su trabajo, provocando que en el sector agropecuario, forestal y pesquero, se demanden cada vez más resultados para crecer la economía rural, en beneficio del país en general.

Los legisladores tienen en sus manos los mecanismos para exigir que el ejecutivo federal salga del letargo en que se encuentra en esta materia y de una vez por todas dé impulso al campo.

*El autor es especialista en derecho agrario y promotor de economía solidaria

Twitter: @ReyMagaa

Facebook: Foro Agrario México

reyconosil@gmail.com