DESDE EL VIGÍA

Militarizar

Por: Editorial El Vigía
jueves, 25 de noviembre de 2021 · 01:13

La Suprema Corte de Justicia empezó a discutir un proyecto que declara la validez del acuerdo presidencial de mayo de 2020, por el cual las fuerzas armadas seguirán realizando labores directas de seguridad pública por lo menos hasta marzo de 2024.

Sin embargo, aquí la pregunta es si en los años recientes la participación de soldados y marinos en tareas de seguridad pública en varias ciudades en realidad han contribuido a disminuir la escalada de violencia que genera la delincuencia organizada.

En el caso de Baja California, a pesar de que se han inaugurado varios cuarteles de la Guardia Nacional, además de la instalación de retenes carreteros, no se reduce el número de homicidios dolosos, y los delitos del fuero común, como el robo simple, el asalto con violencia, extorsión y el allanamiento de morada también van al alza.

No obstante lo anterior, la ministra Margarita Ríos-Farjat propuso a la Primera Sala declarar infundada la controversia constitucional que, en mayo de 2020, promovió la panista Laura Rojas, entonces presidenta de la Cámara de Diputados, para impugnar el acuerdo.

El proyecto concluye que el Ejecutivo sí tenía facultades para emitir el acuerdo y no invadió atribuciones del Legislativo, pero no se pronuncia sobre otros temas como posibles violaciones a derechos humanos por la militarización de la seguridad pública.

Es probable que el asunto no sea votado en estos días y, si el expediente es enviado al Pleno, será discutido hasta 2022 sin tener alguna fecha para ello.

La Corte también tiene pendientes controversias de los gobiernos de Michoacán y Colima contra el mismo acuerdo, pero las eventuales sentencias sólo tendrían efectos en esas entidades.

La Sala revisará este proyecto sólo dos días después de que un tribunal colegiado de circuito confirmó, en definitiva, un amparo que declara inconstitucional el acuerdo, pero que aparentemente no lo invalida, sino que sólo tiene efectos en favor de México Unido contra la Delincuencia (MUD), la asociación civil quejosa.

El Ejecutivo expidió el acuerdo en uso de una facultad que le confirió la reforma constitucional de 2019 por la que se creó la Guardia Nacional (GN), cuerpo en teoría civil y que se encuentra adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana.

Integrada en su mayoría por militares, la GN está bajo control operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional desde octubre de 2020, pero en los hechos son muy pobres los resultados que ha conseguido cuando se le asignan labores que por diversas razones no pueden llevar a cabo las policías municipales.
 

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