Autoprotección entre corruptos

En el discurso de la mayoría de los políticos predomina la promesa de erradicar la corrupción del gobierno y encarcelar a los malos funcionarios, pero en los hechos los culpables del saqueo de que ha sido objeto la administración pública disfrutan de una cómoda libertad.

Entonces es lógico que muchos se pregunten: ¿para qué sirven la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de Honestidad y la Función Pública del Estado y las sindicaturas municipales?

Un claro ejemplo es que, por instrucciones del Auditor Superior de la Federación, David Rogelio Colmenares, 66 denuncias de hechos que estaban listas para ser presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) están detenidas, según informó el ex auditor especial de Cumplimiento Financiero, Gerardo Lozano.

El ahora ex funcionario revelo que se detuvo la presentación de las denuncias, que involucran un monto de alrededor de mil 600 millones de pesos (mdp), para dar oportunidad a los entes fiscalizados a explicar las irregularidades, pese a que se trata de hechos injustificables.

“Hay 66 dictámenes técnicos que no se han materializado en denuncias de hechos porque el Auditor dio la instrucción que había que esperar para ver si se solventaba o no el asunto.

“Lo que siempre le comenté al Auditor es que son insolventables, para qué esperamos 6 meses, son insolventables. ¿Cómo lo sé? Bueno, por el hecho en sí, por la irregularidad, hay cosas que ya no se pueden solventar”, señaló.

La ventana de oportunidad que se da a los entes auditados, explicó, es de 6 meses, que es el periodo que marca la ley para dar por cerrada una auditoría a partir del momento en que se hace pública.

Sin embargo, al esperar ese tiempo, se pierde oportunidad y se dilata el proceso, pese a que desde que se realiza la auditoría se sabe qué tipo de irregularidades ya no podrán ser justificadas.

“(Por ejemplo) un recurso que se pudo haber entregado a alguien que se comprometió a hacer algo y no lo hizo, pues eso ya es insolventable y el recurso se lo gastó en otra cosa”, sostuvo.

Un dato que refuerza el argumento de que no es necesario esperar a que se cierre todo el ciclo de auditoría, señaló, es que en los poco más de tres años que estuvo al frente de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, presentó 138 denuncias por un monto de 19 mil mdp, sin que a la fecha ninguna se haya solventado.

Lozano renunció por su desacuerdo con los cambios al Reglamento Interior de la ASF que, entre otras cosas, otorga a la Auditoría Especial de Seguimiento la facultad exclusiva de elaborar dictámenes técnicos para preparar las denuncias, en detrimento de las otras auditorías especiales, que hasta antes de la modificación también podían hacerlos.

Luego de la renuncia de Lozano y que se diera a conocer una carta en la que advertía sobre los riesgos de delegar en una sola persona la facultad de decidir qué se denuncia, la ASF emitió un comunicado en el que sostuvo que esta responsabilidad no recae en un solo funcionario, sino en un equipo que involucra distintas áreas.

Cualquiera que sea la discusión, la realidad es que la impunidad sigue galopante y los delincuentes dentro del gobierno muy tranquilos sabiéndose protegidos.