Lenta descentralización

A tres años de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a descentralizar las dependencias federales, sólo tres instituciones han concretado su reubicación física y ocho ya cuentan con sedes en diferentes estados, pero ninguna despacha en su totalidad en ellas.

De acuerdo con el gobierno federal, fue la pandemia por Covid-19 la que retrasó el cumplimiento de esta promesa de campaña.

Sin embargo, la descentralización ha avanzado a paso lento también por factores como la inconformidad de los trabajadores y de sus sindicatos, la falta de presupuesto y de edificios disponibles y porque, en algunos casos, el proceso no ha sido una prioridad para las instituciones.

De las 13 Secretarías de Estado que el presidente propuso trasladar a diversas entidades, ocho ya cuentan con nuevas sedes, pero ninguna ha logrado concretar el proceso de descentralización y cinco más ni siquiera cuentan con instalaciones en los estados que les fueron asignados.

Sólo la Subsecretaría de Minería ha concretado su traslado físico a la ciudad de Chihuahua -como parte del proceso de descentralización de la Secretaría de Economía-, en donde ya despacha el titular de la institución.

Así que sólo tres dependencias cuentan con edificios disponibles en las entidades asignadas, pero sus empleados continúan laborando en sus sedes de la Ciudad de México, seis más no han iniciado la mudanza debido a que no cuentan con espacios físicos y sólo dos presentan avances sustanciales en materia de descentralización.

Entre las instituciones que ni siquiera cuentan con espacios físicos se encuentran la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el ISSSTE y la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Por tanto, será muy complicado que en los próximos tres años, cuando concluya la gestión de López Obrador, se concrete la descentralización de la secretarías, que ciertamente es un propósito que se escucha bien, pero implica elevados costos y enfrenta resistencias, en especial de los empleados sindicalizados que se oponen a cambiar de residencia.

Debido a lo anterior todavía estamos muy lejos de que la Ciudad de México deje de ser la sede de los principales órganos de gobierno y el lugar en que se ubican los poderes de la nación.

El mejor pretexto entonces es culpar a la pandemia de este retraso, pero cuando el Covid-19 deje de representar un riesgo grave, en la nueva normalidad tampoco se vislumbra que existan las condiciones ni la disposición de las personas involucradas en que todas las decisiones y trámites importantes se tengan que realizar en la capital del país.

Para lograr un cambio de tales dimensiones se requiere de voluntad, recursos y una buena planeación, que en este caso no se observa.