Convergencia entre política pública y el desarrollo de ciencia y tecnología

Las tecnologías emergentes e innovación son un área de prioridad en las agendas de políticas públicas de los países desarrollados y en vías de desarrollo, con el fin de incentivar la Investigación y Desarrollo (I+D) para integrar a las universidades y centros de investigación con la industria, de esta manera promover la innovación y competitividad de las regiones.

Se entiende por política pública en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) al conjunto de medidas tomadas por un gobierno para impulsar el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, así como el empleo de los resultados de estas investigaciones para alcanzar objetivos políticos. (Salomon, 1977)

Frecuentemente cuando se habla de políticas públicas en materia de CTI la atención se focaliza en las vías que el Estado utiliza para orientar a las instituciones en función de los intereses prioritarios que predominan en el contexto político y económico.

Sin embargo, es necesario que también se contemple una visión a futuro, donde la política pública de CTI haga frente a los retos ambientales, sociales, económico, de avance y desarrollo tecnológico. Con ello, resulta de suma importancia el valor que tiene la generación de conocimiento a través de la ciencia.

Los países que han alcanzado los niveles más altos de bienestar son los que han invertido en capital humano y financiero para la educación y desarrollo científico y tecnológico, donde la población y empresas han sido capaces de crear y difundir el conocimiento, así como integrarlo a sus procesos de innovación.

A nivel mundial, varias organizaciones han realizado recomendaciones de políticas públicas que ponen a disposición para los países interesados y pertenecientes a ellas, como es el caso en particular de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en la cual México forma parte.

Las políticas de innovación de la OCDE buscan fomentar la competitividad mediante la construcción de un sistema de innovación hacia un modelo que apunte a la colaboración entre el sector científico y el empresarial, donde también se incremente el apoyo del sector público (ya sea financiero y de otro tipo).

México cuenta asimismo con un conjunto de Centros de Investigación coordinados por Conacyt, tarea a la que se suma el esfuerzo de las Universidades públicas y privadas. Esta tarea es complementada por un conjunto de organismos prestadores de Servicios Científicos y Tecnológicos y de vinculación entre empresas y entidades tecnológicas (información, consultoría, capacitación), tales como Infotec y Canacintra. (OCDE, 2011)

Cabe señalar que para orientar tales políticas de CTI los gobiernos deben realizar considerables inversiones, por ejemplo, en países desarrollados se invierten entre el 2% y 3% de su Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo (I+D) (Banco Mundial, 2018), pero este no es el caso de la mayoría de los países en desarrollo, y tampoco de México, que para 2018 tuvo un gasto en I+D del 0.31% de su PIB.

Para que las políticas públicas en materia de CTI sean eficaces, al igual que en otras áreas, se necesita de una convergencia administrativa, normativa y de gestión, así como de fortalecimiento de los lazos entre las estructuras de generación y trasmisión de conocimiento con los procesos de crecimiento económico y bienestar social del Estado.

Contemplando estos puntos, es crucial la identificación de las vocaciones regionales, es decir, distinguir el tipo de conocimiento que se puede generar y aplicar, para que los distintos actores (académica, industria, gobierno) puedan dirigir sus actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación para el beneficio y el desarrollo del país.

*Gestor de proyectos en tecnología empresarial