ANDANZAS ANTROPOLÓGICAS

Crónicas fronterizas: conflictos y discriminación

Por Jaime Vélez Storey*
jueves, 23 de diciembre de 2021 · 00:46

A principios de diciembre de 1895, en el paraje de Agua Dulce, Condado de Pinal, Arizona, tras varios días sin comer y sentir que se morían de hambre, los mexicanos Juan Gándara y Juan Robles entraron a una casa de rancho en la que hallaron una mesa llena de viandas.

Sin pensarlo, comieron hasta el hartazgo, tomaron unas “cositas” y huyeron. Al notar el robo, los dueños de casa salieron en su persecución, los capturaron y los llevaron al pueblo de Florence, cabecera del Condado. Ahí, con todo y lo desesperante de su situación a Gándara lo condenaron a 15 años de cárcel y a Robles a12, por el delito de robo.

Pasados cinco años de su condena le escribieron al cónsul de México en Phoenix, Arizona, J. Navarro, para informar de su situación y pedir ayuda. En su carta los mexicanos aceptan su delito y le explican que no pudieron defenderse por no hablar inglés, pero que en la prisión se enteraron de una ley, Parole Law, que concede la libertad a un reo después de un año de cárcel si el superintendente recomendaba una petición de indulto.

A lo que el cónsul respondió que haría todo lo posible para conseguir el indulto. Según consta en J. Navarro a la SRE, 3 de enero de 1900, AHD/SRE, expediente 15–8–136.

Estos casos eran comunes y la embajada en Washington contaba con antecedentes al respecto, pero sus diligencias, más que fruto de una política de Estado en materia de migración, dependía de los criterios personales y la delicadeza política del caso.

A fines de 1899, por ejemplo, un ciudadano mexicano de nombre Isabel Molina, preso en la cárcel de San Quintín, California, le escribió una carta embajador de México en Estados Unidos, Manuel Azpíroz, solicitando gestionar ante las autoridades el postergar su ejecución, fijada para el 12 de enero de 1900. El embajador Azpíroz le escribió al gobernador de California, Henry T. Gage, para suplicarle que concediera la gracia a Molina.

El 6 de enero de 1900 el gobernador aceptó posponer la ejecución hasta el 6 de abril, con la promesa de un indulto, siempre y cuando los jueces de la Suprema Corte de Justicia recibieran una petición por escrito de las autoridades mexicanas.

El 12 de abril Azpíroz se dirigió a Relaciones Exteriores para informar que el gobernador de California le confirmó el indulto a favor del mexicano, conmutando la pena capital por la de cadena perpetua. “Molina, Isabel. Mexicano sentenciado a muerte en California”, AHD/SRE, Expediente 15-8-134.

Hacia 1905, después de 15 años de migrar de manera constante, los mexicanos en los Estados Unidos empezaron a ser vistos como “problema”, pues eran los más pobres entre los pobres. Los que “afeaban” la pujanza industrial de la nación, en los campos y en las ciudades.

Es entonces que algunos cónsules mexicanos, al servicio incondicional de Porfirio Díaz sugieren la repatriación masiva de los paisanos, y que los gastos estuvieran a cargo del gobierno de México. Se daban cuenta de que el sistema de enganche inducía la sobreoferta de brazos, lo que abarataba los salarios y convertía a los migrantes mexicanos en ejércitos industriales de reserva. Pero no sugerían la contratación legal, contractual, de los paisanos.

*El autor es antropólogo, director del Centro INAH-BC
 

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