San Quintín ¿hasta dónde?

Lo que hizo la legislatura con el presunto sexto municipio de Baja California, ha sido una mascarada. Durante treinta años el gobierno del estado, bajo la conducción del Partido Acción Nacional se opuso a la municipalización de San Quintín. Las administraciones priístas de Ensenada, también.

Cada tres años la esperanza para los residentes de esa demarcación se acercaba nuevamente, porque los candidatos a todos los puestos en disputa, de todos los partidos, esto es diputados locales, presidentes municipales y gobernador, en este último caso cada seis años, prometían resolver positivamente la municipalización. Sin embargo, siempre quedó solamente en la promesa incumplida, con justificaciones y la burla para los residentes de aquella zona.

El actual gobierno estatal, aparentemente cumplió la promesa de convertir en municipio la región de San Quintín. Sin embargo, en los hechos ha resultado un engaño. La legislatura emitió un decreto en el que declaró constituido el Municipio de San Quintín, estipulando que para su representación tendrá un Concejo integrado por cinco miembros, con sus respectivos suplentes, sin embargo, no tendrán autoridad, en razón de que seguirán dependiendo del municipio de Ensenada.

Las contribuciones municipales seguirán recaudándose para Ensenada y hasta el año dos mil veinticuatro es cuando podrá elegirse a un cuerpo edilicio que represente y administre de manera independiente al nuevo municipio.

Una verdadera burla para la población del Sur de Ensenada, que suponían haber nacido a la vida jurídica municipal, sin que en los hechos haya ocurrido, sino solamente un documento sin ejecución, similar a un cheque sin fondos, valga la expresión.

Ahora, el decreto se hizo con tantas inconsistencias técnicas y jurídicas, que ha dado pie a una serie de demandas de amparo que aún están pendientes de resolver. La incertidumbre total. Los sanquintinenses no lo merecen.

Uno de los mayores retos del naciente municipio de San Quintín, es la regularización de las zonas urbanas ejidales y la participación activa de los ejidos; si en todo el Estado el ochenta y cinco por ciento del territorio es ejidal, en el nuevo municipio, el noventa y ocho por ciento aproximadamente pertenece a este régimen agrario, por lo que su participación resulta de la mayor importancia, no solo por la extensión geográfica, sino por la aportación económica que se obtendrá de esas tierras.

Las zonas urbanas ejidales representan hoy una enorme cantidad de solares (lotes urbanos) sin la acreditación legal de la propiedad, ni están incorporados al padrón predial, por tanto, no pagan impuestos por este concepto. Identificada la problemática por la presidencia municipal de Ensenada, en un acto alevoso y abusivo, está engañando a los avecindados de los fraccionamientos irregulares, ofreciéndoles claves catastrales para incorporarlos al padrón predial, ¡pero del municipio de Ensenada!, no de San Quintín.

Eso es lo menos grave, la verdadera felonía consiste en hacerles creer a los solicitantes del predial, que con ello podrán protegerse como si tuvieran título de propiedad y que el pago del predial acredita la posesión.

Nada más falso que eso; la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece categóricamente que el impuesto predial no hace prueba para acreditar la posesión, ni la propiedad, ni son medios preparatorios para ello.

Además los solicitantes deben pagar un perito autorizado precisamente por el Ayuntamiento de Ensenada para que les elabore un plano que deberán llevar a la oficina de la Dirección de administración urbana.

Lo que no dicen es que cuando se realice un programa de titulación o escrituración verdadero, tendrán que volver a pagar esos gastos, por tanto será un gasto inútil, ocioso y sin ningún valor jurídico para efectos de acreditar la posesión o la propiedad.

Es urgente proceder a la regularización de los fraccionamientos ilegales e irregulares, con el fin de otorgar efectivamente certeza jurídica a los pobladores y generar un amplio padrón predial que favorezca al nuevo municipio, además del beneficio directo a las familias ahí asentadas.

Pero para hacerlo es menester acudir a los procedimientos legales específicos para tal fin. Evidentemente que la autoridad municipal de Ensenada, no lo hace por desconocimiento del tema jurídico especializado en esta materia y su soberbia no le permite reconocerlo. Debe elaborar un plan técnico jurídico para ello y ejecutarlo.



*El autor es jurista y promotor de economía social

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