BUFADORA

Medios de información del centro del país sostienen de forma errónea que el incremento de asesinatos en Ensenada se debe de manera preponderante a la disputa entre tres cárteles del crimen organizado por el control de la denominada ruta del Pacífico, a través de la cual se trasladan sustancias prohibidas a Estados Unidos, país cuya población es la mayor consumidora de drogas.

Esta visión era válida hace 25 años, pero lo que en realidad ocurre es que México dejó de ser una nación por donde sólo pasaba los estupefacientes para convertirse en un territorio de consumo, y por ello en casi todas las entidades del país se registra una sangrienta guerra por el dominio del narcomenudeo.

En las campañas electorales locales de 2004, el entonces candidato del PRI a la presidencia municipal de Ensenada, el profesor Rogelio Appel Chacón (qepd), fue el único contendiente que advertía en la mayoría de sus actos públicos del peligroso aumento de personas adictas en este puerto, sobre todo entre los jóvenes, pero sus vehementes exhortos no tuvieron eco y nadie quiso ver el “elefante” que había debajo de la mesa.

Y hoy pagamos otra elevada cuota de sangre por hacernos de la vista gorda durante las últimas dos décadas, puesto que nadie atendió con seriedad los reportes de que Ensenada en aquellos años era el asentamiento humano de la entidad que ocupaba ya el primer lugar en el consumo de heroína; sin embargo, a las autoridades en turno no les importó.

Así que la lucha entre los cárteles Jalisco nueva generación, de Sinaloa y el de los hermanos Arellano Félix, es por conquistar el millonario mercado relacionado con el narcomenudeo, y para confirmarlo basta con revisar el perfil de las víctimas de dicha confrontación, casi todos jóvenes, hombres y ahora también mujeres que son masacrados todos los días.

Por lo tanto, que nadie juegue el papel de sorprendidos e indignados en la presente contienda electoral en el tema de la violencia social que genera la delincuencia organizada, porque decidimos no mirar, dejar hacer y dejar pasar, más preocupados por la grilla política.

Lo alarmante es que ese problema alcanza dimensiones que exige de acciones policiaco-militares inmediatas, y en forma paralela de implementar una estrategia de mediano y largo plazo para reducir las adicciones, mejorar los tratamientos de rehabilitación, pero lo más trascendental, reconstruir la unidad familiar, y eso llevará tiempo, pero no se observa que la clase política en el poder y la oposición se interesen en resolverlo.

Lo cierto es que la situación se salió de control y no se percibe que las políticas públicas que se llevan a cabo detengan a los sicarios que se pasean por la ciudad.

Chivos expiatorios
La mayor oferta política que hacen los partidos políticos y sus candidatos para captar votos es prometer al electorado que castigarán los actos de corrupción en la administración pública, pero es tiempo que “los peces gordos” no pisan la cárcel.

En el ámbito municipal y estatal todavía estamos en espera de que algún día la Fiscalía General del Estado (FGE), que preside Guillermo Ruiz Hernández, termine de integrar los expedientes y que los jueces del Poder Judicial que encabeza Alejandro Isaac Fragozo López, en verdad quieran sancionar a los culpables de peculado, tráfico de influencias y nepotismo en las esferas del gobierno.

Porque la sociedad no se conforma con chivos expiatorios, y menos cuando los responsables de ilícitos graves resultan ser funcionarios menores, a quienes sólo inhabilitan.

No es posible que con una mayoría aplastante en el Congreso federal, no se pueda avanzar en materia de justicia y combate a la corrupción.

¿Eso es auditar?
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) que encabeza David Colmenares, reportó que durante 2019, la Secretaría de la Función Pública (SFP) revisó la evolución patrimonial de apenas 92 funcionarios públicos de un universo posible de más de ¡575 mil!

Con base en el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública 2019, la dependencia federal tampoco contó con mecanismos de control que le permitieran comprobar que los funcionarios públicos cumplieron con su obligación de presentar sus declaraciones patrimoniales y verificar la información contenida en éstas.

El documento señala que a lo largo de 2019 se presentaron 575 mil 834 declaraciones patrimoniales de servidores públicos.

Los resultados de la revisión señalan que durante ese año, la SFP llevó a cabo 92 investigaciones de evolución patrimonial de los servidores públicos, lo que representó únicamente el 0.02 por ciento del total de declaraciones patrimoniales presentadas.

Estas investigaciones correspondieron a servidores públicos de 35 de 296 instituciones registradas, y la mitad de ellas se concentró en cinco entes públicos.

La ASF destacó que los Órganos Internos de Control (OIC) y las demás autoridades investigadoras previstas en el Reglamento Interno de la Secretaría de la Función Pública (RISFP) para llevar a cabo estas tareas de revisión fueron omisas, a pesar de contar con esa facultad.

¿Así cómo?