BUFADORA

Aunque todos nuestros representantes populares ocupan sus cargos gracias a que disponemos de una legislación y aparato electoral que así lo permite, sorprende e irrita que esa misma clase política en el poder y los partidos de oposición reflejen en este momento un total desconocimiento de las reglas de competencia.

El hecho de que representantes de partido pregunten a los titulares de los órganos electorales de Baja California si actualmente se llevan a cabo trabajos de re seccionamiento en la región de San Quintín y el resto de la zona sur de la entidad para efectos del presente proceso electoral, confirma que las fuerzas políticas no se han profesionalizado a pesar de la millonada que reciben en financiamiento público, porque deberían contar con un departamento especializado en cartografía electoral desde 1990, cuando menos.

¿Qué hacen los representantes de partido acreditados en el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC)?, porque se supone que participan en todas las sesiones, se saben la Ley en la materia al dedillo y tienen pleno conocimiento de las etapas que comprende el cronograma electoral.

También deben estar enterados que por primera ocasión en la historia del país la jornada de votación del próximo domingo 6 de junio será concurrente, esto es, que ese mismo día los ciudadanos inscritos en el padrón y credencial con fotografía vigente podrán elegir a candidatos a puestos locales y federales, y que por lo tanto en este momento es imposible efectuar cambios en la normatividad electoral, porque la ley establece con claridad que cualquier modificación se tiene que hacer 90 días antes de que comience el proceso electoral, que para el caso de INE inició en septiembre del año pasado y respecto al IEEBC arrancó en diciembre pasado.

Así que los cambios que pretendan hacer desde el Congreso del Estado, o los que impulsen los dirigentes de partido, no tendrán validez y fácilmente los anularían los tribunales electorales.

Lo que sucede hoy es de pena ajena.
Esperemos que el presidente del consejo general del IEEBC, Luis Alberto Hernández Morales, ponga orden ante tanta confusión que siembran los actores políticos.

Se perfilan
Mientras la alianza Va por Baja California ya definió a su candidato a la presidencia municipal de Tijuana, en la figura del panista Jorge Ramos Hernández, quien por tercera ocasión contenderá a la alcaldía de ese municipio, por el lado de Morena habrá definiciones hasta la primera semana de marzo, cuando se conozca a la ganadora o ganador de la famosa encuesta, postulación que se disputan la diputada local Montserrat Caballero, la presidente municipal suplente y actualmente en funciones, Karla Patricia Ruiz Macfarland; la secretaria de Honestidad y Función Pública, Vicenta Espinosa Martínez; la ex directora estatal del DIF, Blanca Estela Fabela Dávalos; y el delegado de Morena en la entidad, Ismael Burgueño Ruiz, quien registró su precandidatura a pesar de que todo indica que la candidatura recaerá en una mujer para cumplir con los criterios de paridad de género.

No obstante, los que viven de la especulación mediática dado que nunca se documentan o investigan, a través de las redes sociales comienzan a difundir que lo que suceda en Tijuana depende del ánimo o voluntad de Jorge Hank Rhon, quien será el candidato a gobernador por el Partido Encuentro Solidario (PES), que a toda costa busca que el teniente Julián Leyzaola sea su abanderado al próximo ayuntamiento tijuanense.

Hay que reconocer que son varios “comunicadores” los que comen de la mano del empresario casinero, pero exhibirlo como si fuera el dueño de Tijuana es un insulto a la inteligencia.

Es verdad que está posicionado y que muchos lo consideran una especie de “Robin Hood”, pero las circunstancias han cambiado desde 2007, cuando compitió sin éxito por la gubernatura.

La única certeza es que el resultado de las votaciones en Tijuana tradicionalmente son fundamentales para determinar al ganador del máximo cargo en el estado, pero si en esta ocasión se registra un elevado abstencionismo en esa ciudad, entonces la suma del resto de los municipios asume un peso significativo si el sentido de la votación es diferente.

Por tanto, lo más responsable es esperar a que los acontecimientos se desarrollen con base en los tiempos marcados por la ley y esperar los resultados.

Cambios al PJF
Con el aval de 18 congresos locales, la Cámara de Diputados hizo la declaratoria de constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial de la Federación.

Las legislaturas de los estados de Campeche, Chiapas, Coahuila, Durango, Hidalgo, México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y de la Ciudad de México aprobaron la reforma, mientras que en Guanajuato no pasó.