Corrupción

De acuerdo con el Centro de Información de la Organización de las Naciones Unidas, cada año se paga un billón de dólares en sobornos y se calcula que se roban 2.6 billones de dólares anuales mediante la corrupción, suma que equivale a más del 5% del Producto Interior Bruto mundial.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se calcula que en los países en desarrollo se pierde, debido a la corrupción, una cantidad de dinero diez veces mayor que la dedicada a la asistencia oficial para el desarrollo.

Apenas el año pasado los mexicanos perdimos 363 mil millones de pesos al año por corrupción, más que el presupuesto destinado a la SEP (300 mil 140.2 millones).

En nuestro país existen diversos mecanismos, colegiados e instituciones que se supone son el contrapeso y la supervisión que el estado se ofrece así mismo, como una manera de controlar y evitar la corrupción en un país que, ciertamente, sostiene gobiernos que manejan los recursos públicos de manera patrimonialista y en franco desacato a la legislación y a voluntad popular de manejar los recursos públicos con el único propósito de generar condiciones para el desarrollo, seguridad, satisfactores y calidad de vida para la población.

En las Cámara de Diputados está la Auditoría Superior de la Federación, que es la Entidad Fiscalizadora Superior de México.

Su función principal es realizar la fiscalización superior de la Cuenta Pública, en su carácter de órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

En cada estado existe un organismo similar, la Auditoria Superior del Estado de Baja California (ASEBC), es la correspondiente a nuestra entidad, mientras que en cada municipio existe la Sindicatura Municipal, entidades que en teoría son responsables de prevenir, supervisar, revisar, sancionar o denunciar los actos deshonestidad o corrupción que se cometen por parte del ejecutivo.

En el poder ejecutivo federal y estatal existen también dependencias de control interno, la federal es la Secretaría de la Función Pública y la local, la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública.

Con todos esos entes de control, evaluación, auditoría y seguimiento de las acciones de gobierno se supone que México debería ser unos de los países con mayor índice de honestidad oficial.

Lamentablemente no es así: según el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project 2020, los resultados para México son especialmente preocupantes y nada tienen que ver con la realidad que presume el gobierno.

En el ranking que mide la ausencia de corrupción en el gobierno, México ocupa el lugar 121 de 128, lo que lo ubica dentro de los 10 países más corruptos del mundo.

Este factor toma en cuenta tres formas de corrupción: sobornos, influencias indebidas por intereses públicos o privados, así como la apropiación indebida de fondos públicos u otros recursos.

Se analiza la corrupción en el Poder Ejecutivo, legislativo, judicial, policía y el ejército.

Por ello la corrupción no solamente debe ser tema de discursos y promesas de campaña en el presente proceso electoral, sino un verdadero compromiso de los candidatos que logren obtener los votos suficientes para gobernar. Hay que ver.