Consultas de papel

Desde 1996 en Baja California existe la posibilidad legal de que se lleven a cabo consultas populares, plebiscitos y referéndum, así como la promover iniciativas ciudadanas, pero desde entonces ningún gobierno estatal o municipal ha utilizado estos instrumentos de democracia directa para que los ciudadanos aprueben o rechacen obras de infraestructura, políticas públicas, o avalen reformas a las leyes.

A finales de 1995, tras ganar la presidencia municipal de Ensenada el priista Manuel Montenegro Espinoza, decidió que todos los delegados municipales fueran de elección directa, y en 22 comunidades rurales sus residentes votaron para elegir a su representante ante el Ayuntamiento, pero después ningún otro alcalde repitió este experimento.

Y a mediados de la década pasada, en los primeros intentos por municipalizar la región del Valle de San Quintín, se llevó a cabo un plebiscito, con gran participación en la zona sur, pero nula en la mancha urbana de este puerto, razón por la cual el Congreso del Estado determinó que su resultado no podría ser vinculante.

Y ahora, el Instituto Nacional Electoral (INE) propuso a la Secretaría de Hacienda instalar menos casillas para la consulta popular sobre los políticos del pasado y reducir con ello el presupuesto solicitado, de mil 500 millones de pesos a 890 millones.

Lorenzo Córdova, presidente del organismo, pidió al gobierno federal no dejar “al garete de la inanición presupuestal” dicho ejercicio propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se efectuará el 1 de agosto.

El último escenario que presentaron a Hacienda fue reducir la instalación de 104 mil 667 casillas a 91 mil; sin embargo, la dependencia no ha respondido, lamentó el consejero.

“El INE no pidió la consulta, pero va a cumplir con su responsabilidad para llevarla a cabo. Que exista este acompañamiento para que la misma sea exitosa y no se deje, eventualmente, al garete de la inanición presupuestaria.

“En un primer momento, a diferencia de la elección federal que implicará 162 mil casillas, planteamos que con 104 mil casillas se podría realizar la consulta, y eso nos implicó una ampliación presupuestal de mil 499 millones; no se ha concedido, hoy estamos en pláticas con la Secretaría de Hacienda planteando que con 91 mil casillas y un costo de 890 millones de pesos puede seguir siendo un ejercicio exitoso”, indicó.

A partir de ahora, advirtió Córdova, dependerán de esa dependencia los pasos que dé el INE en la organización de la consulta.

El consejo general del INE aprobó los lineamientos generales para arrancar con los trabajos de la consulta popular, con la advertencia de que la cantidad de casillas, personal a contratar, boletas y demás aspectos se irán determinando en la medida en la que tengan recursos.

Lo anterior deja en evidencia que una ley que no se refleja en la realidad es una tarea inútil y costosa.