DESDE EL VIGÍA

Derroche legislativo

Por Editorial El Vigía
viernes, 18 de junio de 2021 · 00:00

Los diputados federales no entienden lo que significa la austeridad republicana que tanto pregonan durante sus campañas, porque en los hechos ejercen millonarios partidas sin transparentar su destino, e incurren en gastos innecesarios para cumplir con su labor legislativa.

Por ejemplo, los integrantes de la actual Cámara de Diputados, destinarán 66 millones de pesos para remodelar por completo el salón de plenos, sustituir alfombras, tapizar curules y modernizar el sistema de votación.

Las remodelaciones deberán estar listas antes de que lleguen los nuevos integrantes del Congreso en septiembre próximo.

Las obras comenzaron con la renovación de la alfombra, que apenas tenía cuatro años y medio de antigüedad, y la sustitución del plafón en el salón de plenos. Esto requerirá una inversión de 12 millones de pesos.

La Cámara de Diputados destinará también 42 millones de pesos para un nuevo sistema de votación y asistencia, pese a que hace nueve años gastaron 92 millones de pesos en un sistema digital que desplazó al análogo y que contempló pantallas “touch screen” en cada curul para que los legisladores conocieran los dictámenes a discusión.

Estos trabajos incluirán también el mantenimiento de 678 curules de madera y un nuevo tapizado por 12 millones 200 mil pesos.

Y en el ámbito estatal los legisladores locales tampoco se distinguen por gastar menos, porque cada uno recibe al mes alrededor de 250 mil pesos para realizar acciones de asistencia social, cuando esa es una función del Poder Ejecutivo.

Así que nuestros representantes populares en congresos y cabildos resultan ser, además de poco productivos, muy costosos, en especial los de minoría o plurinominales, quienes negocian el sentido de su voto según el asunto a tratar, con un tabulador clandestino.

Por lo tanto, la reforma constitucional que sí se requiere es la que permita acotar las prerrogativas que se les asignan a los partidos políticos, y se les obligue a designar a sus candidatos a través de procesos democráticos en los que participe su militancia. No es posible que exijan una democracia que no ejercen en su interior.

También se deben establecer requisitos más rigurosos para que una agrupación pueda convertirse en partido, porque la puerta de entrada es muy ancha y la de salida bastante pequeña, porque sólo se les impone sumar el tres por ciento de la votación total válida emitida, que es un porcentaje bastante pequeño.

Baja California en la década de los noventa fue pionera a nivel nacional en reformas electorales, que permitieron la creación de la primera credencial para votar con fotografía del país, el nacimiento de órganos electorales ciudadanizados y autónomos, y listados nominales con imagen.

Ahora el gobernador de la entidad, Jaime Bonilla Valdez, y el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, coinciden en la necesidad de desaparecer los cargos plurinominales y disminuir el financiamiento público que se les entrega a los partidos.

Pronto sabremos si tienen la voluntad política para enviar tales iniciativas, porque tienen mayoría en sus respectivos congresos.

Sin embargo, sus aliados existen precisamente y por gracia de la vía plurinominal, más a nivel federal.
 

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