Avance y retroceso

La jornada electoral de este domingo deja varias lecciones y lecturas, que se deben asumir y atender por el efecto de sus resultados.

De entrada, la pandemia del Covid-19 por fortuna no inhibió la participación, porque en comparación a los últimos comicios federales intermedios (2015), cuando la afluencia a las urnas fue del 45 por ciento a nivel nacional, ayer superó el 52 por ciento, aunque en Baja California apenas creció al 36 por ciento respecto al 30 por ciento de hace seis años.

Y si bien la contingencia sanitaria no influyó de manera negativa, los hechos violentos que ocurrieron en varias casillas de Tijuana y Mexicali, donde robaron las boletas electorales de forma violenta, incluso con la quema de casillas y el hallazgo de restos humanos donde se instalaron mesas de votación, que aunque se consideren incidentes aislados que no pusieron en peligro el desarrollo general de los comicios, son eventos muy graves que no se deben repetir ni minimizar, y que no son culpa de los órganos electorales, sino de los tres órdenes de gobierno, los cuales son los principales responsables de garantizar la seguridad.

Por otra parte, una vez que se defina la conformación de la Cámara de Diputados, en la que todo apunta no habrá mayoría absoluta para ninguna fuerza política, es urgente que se afinen los criterios afirmativos para que en verdad los congresos y cabildos reflejen la pluralidad y diversidad del país, dado que los partidos postularon a candidatos que no tenían ningún vínculo o pertenencia con los grupos indígenas, al grado que los tribunales electorales ordenaron la sustitución de varios contendientes a unas horas de que comenzarán las elecciones.

Además, es importante que también se legisle para prohibir que partidos y candidatos declinen a la mitad o al final de las campañas en favor de otro candidato, porque eso significa una burla para sus militantes y el resto de la población.

También es fundamental que se eleve el umbral de votos recibidos para que los partidos políticos conserven su registro estatal y federal, porque actualmente sólo requieren obtener el 3 por ciento de la votación total válida emitida para recibir un cuantioso doble financiamiento público, porque en cada entidad les asignan una partida, que es adicional a la otorgada por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Sin embargo, la reforma más trascendental es evolucionar a sistemas de votación más modernos, que aprovechen las nuevas tecnologías y reduzcan los márgenes de error, que aparte de que podría significar un gigantesco ahorro, permitiría incluir en las elecciones constitucionales los instrumentos de democracia directa como la consulta popular, el plebiscito, la iniciativa ciudadana y el plebiscito.

Lo único que hace falta es voluntad política, porque ya existen las condiciones para implementar el voto electrónico.

Ya no podemos continuar con procedimientos tan rudimentarios, caros y lentos. Los procesos electorales exigen avanzar a una nueva modalidad.