Pájaros en el alambre

En infinidad de ocasiones se han filtrado a determinados medios de comunicación videos, audios, fotografías y documentos de personajes de la política mexicana, sobre todo de funcionarios públicos de primer nivel -electos o de designación-, así como de sus familiares cercanos, en especial los considerados “incómodos”.

Por lo tanto, el espionaje entre la clase gobernante y la oposición no es nada nuevo, y aunque los propios involucrados cuestionan estas ilegales prácticas, con su inacción terminan por justificarlas, porque las supuestas investigaciones oficiales nunca detectan a los responsables.

Y hoy los actores políticos expresan su “indignación” tras darse a conocer que en la administración federal anterior, que encabezó el priista Enrique Peña Nieto, contrató a una empresa israelita para espiar a sus adversarios a través de un sofisticado software denominado “Pegasus”, el cual también habría sido utilizado en otras entidades; sin embargo, es tiempo que la Fiscalía General de la República, antes PGR, no da con los culpables.

Al respecto, organizaciones no gubernamentales, periodistas y la alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reprobaron las actividades de espionaje telefónico mediante el software Pegasus, adquirido por el Gobierno de México.

Las intercepciones con el software, suministrado por la firma israelí NSO Group, se produjeron durante la Administración del Enrique Peña Nieto.

Entre los 15 mil nombres de personas cuyos teléfonos fueron interceptados aparecen el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, integrantes de su familia y colaboradores actuales, así como decenas de periodistas y defensores de derechos humanos.

Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, organización que defiende la libertad de expresión, recordó que desde 2017, una investigación de la Escuela de Asuntos Globales Munk de la Universidad de Toronto, reveló que en México habían sido espiados periodistas, defensores de derechos humanos y expertos internacionales que coadyuvaron en el caso de los 43 normalistas desaparecidos en 2014.

Artículo 19 representa a varios periodistas que fueron espiados en el Gobierno de Peña Nieto. Por su parte, Bachelet reclamó una mejor “reglamentación” de las tecnologías de vigilancia.

“Sin un marco normativo que respete los derechos humanos, existen demasiados riesgos de que estas herramientas se utilicen indebidamente para intimidar a los críticos y silenciar a los que disienten”, alertó.

La ex presidenta de Chile advirtió que el escándalo por Pegasus confirma la necesidad de reglamentar mejor la venta, la transferencia y el uso de tecnologías de vigilancia.

Marcela Turati, una de las periodistas cuyo nombre aparece en la lista de 15 mil números registrados en el software malicioso, dijo que siempre sospechó que era espiada.

“Casi todos los periodistas en México sabemos y sentimos que tenemos un tipo de vigilancia, es algo asumido, más porque México está entre los países más peligrosos para ejercer la profesión”, expresó.

En la época en que habría sido espiada, Turati y otros dos colegas investigaban el caso Odebrecht, la empresa brasileña que pagó millonarios sobornos a cambio de contratos en varios países de Latinoamérica, entre ellos México.