LA BUFADORA

BUFADORA

Por El Mosquito
miércoles, 28 de julio de 2021 · 00:54

Durante los últimos 16 meses, millones de estudiantes en México dejaron de asistir a las escuelas públicas y privadas, pero sólo un pequeño porcentaje de ellos tuvo las condiciones para recibir clases a distancia, porque la mayoría no lo pudo hacer debido a que en su hogar no cuentan con computadora ni internet, y tuvieron que conformarse con llenar una serie de cuadernillos que les hacían llegar sus profesores.

En estas circunstancias es bastante complejo medir la calidad de la enseñanza y el nivel de aprovechamiento, y se sabe muy poco de cómo sobrellevan la pandemia niños y jóvenes cuyos padres perdieron su trabajo por el cierre de actividades no esenciales. De esta realidad no se habla de manera pública en el magisterio.

 Lo peor es que no regresaremos pronto a las clases presenciales como lo pretenden las autoridades educativas del estado encabezadas por Catalino Zavala Márquez, pues los dirigentes magisteriales exigen condiciones imposibles de lograr en el corto y mediano plazo, como tener vacunados a niños y adolescentes, rehabilitar y adecuar los planteles para cumplir con los protocolos sanitarios, y mandar a resguardo a todos los profesores mayores de 45 años con sobrepeso, hipertensos y diabéticos.

PERDIÓ LA BATALLA

 El coordinador de los diputados del PRI en la Cámara baja, René Juárez Cisneros, perdió la batalla ante el Covid-19 luego de luchar durante más de tres meses en contra de dicha enfermedad.

El 21 abril de este año, Juárez Cisneros informó en su red social que había contraído el virus.

“Amigas y amigos: He dado positivo a Covid-19 y por prescripción médica debo guardar un mínimo reposo para mi recuperación. Ya estoy en tratamiento y atendiendo todas las indicaciones médicas. Les agradezco su solidaridad y comprensión. #NoBajarLaGuardia”, escribió en esa ocasión.

Juárez, quien gobernó Guerrero en el período 1999-2005, ejerció un mandato en medio de la polémica y acusaciones de corrupción. Fue alcalde de Acapulco en el trienio 1990-1993 durante el gobierno de José Francisco Ruiz Massieu, ganó la elección a gobernador en 1999 con una diferencia mínima de 14 mil 500 votos ante el entonces perredista Félix Salgado Macedonio, quien lo acusó de fraude electoral.

 Y quien también se contagió de Covid-19 fue el diputado del Partido del Trabajo (PT) Gerardo Fernández Noroña. El legislador mostró en redes sociales los resultados que se realizó en el IMSS.

El jueves de la semana pasada, el legislador hizo una gira casa por casa en la alcaldía de Iztapalapa de la Ciudad de México; publicó una decena de fotos con distintas personas en las que se le ve conversando sin tapabocas.

Noroña se ha negado a usar cubrebocas en reuniones y conferencias.

¿OTRA COMISIÓN DE LA VERDAD?
Como parte de la simulación que prevalece en la incipiente democracia mexicana, es frecuente que los actores políticos propongan la creación de comisiones de la verdad para castigar a los responsables de masacres, magnicidios, involucrados en actos de corrupción gubernamental o hayan cometido fraudes electorales, pero a la hora de la verdad los integrantes de dichos organismos dejan la tarea a medias, renuncian o no hallan a los culpables.

¿Tendrá algún caso abrir heridas cuando no se tiene la voluntad política de aplicar la ley y sancionar a los malos gobernantes?

Señalamos lo anterior porque ahora, con el supuesto propósito de garantizar que los ex presidentes de la República sean efectivamente enjuiciados por los delitos del pasado, el “sí” de la consulta popular debe derivar en una comisión de la verdad.

Así lo plantea Diego Hernández, uno de los coordinadores del colectivo Juicio a ex presidentes, que promueve la consulta popular del próximo 1 de agosto, y también ex miembro de la Ayudantía del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El problema es que todas las anteriores comisiones, incluida la del caso Colosio y la más reciente de Ayotzinapa, es tiempo que no pueden esclarecer los hechos.

En éste último, las cosas se están poniendo aún más complicadas por los cambios de versión en las declaraciones de un testigo protegido que había servido como catapulta de la 4T para derribar “la verdad histórica”.
 

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