Búsqueda de una efectiva participación de los campesinos en la vida nacional

Siendo los campesinos propietarios del cincuenta y cinco por ciento del territorio nacional, con casi veintinueve mil ejidos y tres mil comunidades aproximadamente, ¿por qué no tienen una participación destacada en los foros gubernamentales, que los visibilice efectivamente y que puedan opinar con eficacia en la formulación de políticas públicas relacionadas con lo rural?

La obligación de impulsarlos para que esto ocurra es del gobierno. La lectura finem del primer párrafo del artículo cuarto de la ley agraria así lo indica, refiriéndose a la participación de los campestres: …”y su participación en la vida nacional”…

No basta con apoyar al campo con el impulso para las actividades productivas y el financiamiento (lo que en la actualidad tampoco ocurre), sino con la generación de plataformas que permitan su participación en la vida pública, para poder influir en las directrices relacionadas con el campo.

Ser ejidatario o comunero es actualmente sinónimo de bajo nivel cultural y económico; aunque ello deviene de la discriminación institucionalizada plasmada en la antigua ley federal de reforma agraria, cuya vigencia concluyó a principios de mil novecientos noventa y dos.

La lucha campesina fue, además de tener tierra, alcanzar un mejor nivel de vida para sí y para sus familias. A ciento once años aproximadamente de la insurrección rural, las condiciones de los campesinos deberían ubicarse en otra dimensión; su presencia en la vida nacional debe corresponder al tamaño de su territorio, según se expresó al inicio de este texto.

La ley agraria le ha encargado al ejecutivo federal y en consecuencia a los otros dos niveles de gobierno, la tarea de impulsar a los ejidatarios y comuneros para potenciar su presencia en los foros de todo el ámbito nacional. Para ello, además de establecer algunos mecanismos de manera directa en la normativa agraria, se auxilia de la ley de desarrollo rural sustentable.

En el segundo párrafo del artículo primero de esta ley, encontramos que: … “Sus disposiciones son de orden público y están dirigidas a promover el desarrollo rural sustentable del país, propiciar un medio ambiente adecuado, en los términos del artículo cuarto y garantizar la rectoría del Estado y su papel en la promoción de la equidad, en los términos del artículo veinticinco de la Constitución”…; lo anterior no es cosa menor, es una ordenanza de la mayor importancia consagrada en la carta magna. NO está a discusión, ni consulta, debe simplemente ejecutarse.

Es precisamente la ley de desarrollo rural sustentable la que establece la ruta de participación activa de todos quienes integran el sector rural, dando preponderancia en dos sentidos: lo que el gobierno está obligado a proveer y promover, por una parte y por la otra la participación efectiva de los productores y el resto de los actores de la sociedad rural, para intervenir efectivamente en los órganos gubernamentales de decisión de las políticas públicas para el campo, lo que se traduciría en la verdadera democracia participativa.

Desafortunadamente en la actualidad, no es así. En el pasado reciente, particularmente en los últimos dos sexenios, se estructuró la pirámide organizacional de representación por ramas de producción, asignándose un presupuesto para que esto funcionara, sin embargo hoy, eso ha quedado en el olvido; si bien existen las estructuras, solamente son de membrete, porque no tienen apoyo gubernamental.

Debe decirse que la participación de los rurales en los foros nacionales para influir en el diseño de las acciones de gobierno, no debe limitarse solamente a la cuestión productiva, sino también a las acciones sociales, de salud, educación y servicios públicos de las zonas urbanas de los ejidos y comunidades, lo cual implica la participación de los avecindados, que como se dijo en otras publicaciones de este FORO AGRARIO, deben estar integrados en las denominadas juntas de pobladores.

*El autor especialista en derecho agrario y promotor de economía solidaria

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