BUFADORA

 
El martes 11 de enero se reunieron algunos presidentes de cámaras y organismos que integran el Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada, entre éstos el dirigente del organismo Orlando Fabiel López Acosta y varios empresarios, en la reunión fue invitado el alcalde Armando Ayala Robles, en un esfuerzo de los hombres de empresa de generar acercamiento al que el gobernante correspondió con su presencia, luego de mucho tiempo de distanciamiento y frialdad en la relación.

Durante la reunión se habló de formar mesas de trabajo conjuntas para tocar temas de mejora regulatoria, eficientización de trámites en línea, gestión del déficit de agua y saneamiento en el municipio, impulsar conjuntamente obras prioritarias para la ciudad, seguridad y transparencia en las finanzas públicas.

Hay quienes consideran que el alcalde estuvo receptivo a los planteamientos y tienen la esperanza de que pronto se den las reuniones de trabajo y se rescate un ambiente positivo para la solución de los muchos problemas que tiene la ciudad.

Espaldarazo

 Ayer, durante la firma de un convenio de colaboración entre la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe) y el Ayuntamiento de Ensenada, que se desarrolló con acceso restringido debido a la pandemia, fue más que evidente el espaldarazo que recibió el director de dicha paraestatal, Jaime Alcocer Tello, dado que asistieron al evento

 Catalino Zavala Márquez, Francisco Bernal Rodríguez, Arturo Espinoza Jaramillo y Marco Antonio Moreno Mexía, titulares respectivamente de las secretarías General de Gobierno del Estado (SGG), del Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (Seproa); de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (Sidurt); y de Hacienda (SH).

Su presencia dejó un claro mensaje de la mandataria estatal, Marina del Pilar Ávila Olmeda, en el sentido de priorizar la coordinación entre los dos niveles de gobierno y dejar a un lado los dimes y diretes.

Puro ruido
A lo largo y ancho del país se difunden notas sobre los supuestos adeudos millonarios que tienen con la hacienda pública un selecto grupo de empresarios mexicanos, entre ellos el controvertido ex alcalde de Tijuana y dos veces candidato a la gubernatura de Baja California, Jorge Hank Rhon, quien según la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, debe pagar mil 187 millones de pesos por deudas de impuesto especial sobre apuestas y por aprovechamientos de los permisos de la Secretaria de Gobernación.

Ciertamente el dueño de los casinos puede impugnar esta sentencia, pero tal parece que dichos anuncios sólo tienen un propósito mediático, porque los hechos confirman que se trata de más ruido que nueces.

Me estás oyendo…
El director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el indefendible e impresentable, Manuel Bartlett Díaz, rechazó la posibilidad de una reforma eléctrica legal, y reiteró que se requieren modificaciones constitucionales para echar abajo el “esquema de despojo” impuesto en la administración de Enrique Peña Nieto.

En lo que corresponde a Baja California, que no está conectada a la red eléctrica nacional, Bartlett Díaz no ha tenido la atención de visitar nuestra entidad en lo que va del presente sexenio, y tampoco mueve un dedo para garantizar ese servicio.

Echan atrás ley
Los programas de radio y televisión deben distinguir claramente entre información y opinión, y los derechos de las audiencias no pueden estar sujetos a códigos de ética emitidos libremente por las empresas de ese sector, determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El máximo tribunal declaró inconstitucional la reforma del 31 de octubre de 2017 a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), que eliminó regulaciones que habían molestado a la industria, y de paso derogó los Lineamentos sobre Derechos de las Audiencias que había dictado en 2016 el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Por unanimidad, la Primera Sala de la Corte amparó al Centro de Litigio Estratégico para la Defensa de los Derechos Humanos.

Una vez notificada la sentencia, el Congreso de la Unión tendrá 60 días hábiles para derogar la reforma y restablecer todas las atribuciones que le quito al IFT, amén que quedarán sin efectos los códigos de ética de los concesionarios.

“La intención del poder reformador fue, precisamente, evitar la intervención de los intereses de concesionarios en la definición del estándar de protección, promoción, respeto y garantía de los derechos de las audiencias, es decir, en los derechos a la libertad de expresión y acceso a la información de las personas, dentro del sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión”, estableció la Corte.

Las empresas se habían quejado por la orden del IFT para que cada comunicador expresara claramente, al aire, cuándo estaba opinando y cuándo informando, por ser casi imposible de aplicar en la práctica.

Enfatizó que esta obligación de distinguir entre información y opinión sí estaba en la versión previa de la LFRT.

“Todo informador, en su calidad de intermediario de la programación que difunde, debe cumplir con el deber de que la información divulgada sea, por un lado, veraz y, por otro, imparcial”, estableció la sentencia, que fue presentada por el ministro Juan Luis González Alcántara.

“De tal forma que distinga entre las opiniones o juicios de valor de quien informa y el contenido mismo del mensaje informativo o noticioso”.

La SCJN también aclaró que el IFT tiene la facultad constitucional exclusiva de regular todo lo relativo a derechos de las audiencias.

La reforma de 2017 dejó esta regulación en códigos de ética que emiten los concesionarios de radio y televisión, lo que la Corte rechazó.

El fallo agregó que los concesionarios son empresas con fines comerciales e intereses económicos. “Por tanto, al margen de su buena voluntad y del compromiso que puedan tener para salvaguardar los derechos de las audiencias, delegarles la facultad de su regulación podría provocar la emisión de normas con un sesgo económico y parcial”, explicó.